María del Carmen Rodríguez y Antonio Gualpa junto a ocho hijos llegaron desde San Luis y a los dos años (en 2008) alquilaron una casa de barrio, del Plan Comunal, en Victorica. “El que nos alquila a nosotros es Manuel Rubín, que vive en Buenos Aires. No sabíamos que tenía problemas la casa, que no era de él. La tenía para lucrar”, contó la mujer.

Al poco tiempo, Gualpa se quedó sin trabajo -en el rubro de la construcción- cuando la empresa Sol Obras se fundió y por eso dejaron de pagar el alquiler. “Cada mes venía a hostigarnos porque no podíamos pagar. Un día encontré a una señora que me dijo que esa casa no era de él, sino del hermano, Daniel Aulestiarte”, explicaron.

Hace tres años, Rubín le inició un juicio de desalojo. Ellos averigüaron en el IPAV que, efectivamente, la casa estaba a nombre de Aulestiarte, que la había cancelado en forma total.

El juicio está a cargo del juez regional letrado Carlos Roberto Espínola. En el expediente, según la familia, apareció un boleto de compraventa fechado el 3 de mayo del ‘96, en el cual una persona llamada Ernesto Rebollo le vende la vivienda en 8.000 pesos a Manuel Rubín y su esposa, Teresa Candal.

Sin embargo, en el mismo boleto figura que el adjudicatario de la vivienda, Aulestiarte, le haría la escritura traslativa a los 120 días de la operación.

“Nosotros lo encontramos a Aulestiarte, vive en el barrio Butaló, de Santa Rosa, y nos dijo que él se la había prestado a Rebollo pero nunca vendió la casa ni firmó nada, que le habían falsificado la firma. Entonces nos la vendió a nosotros en 50.000 pesos”, contaron.

La familia tiene el boleto de compraventa de esa operación, con fecha del 19 de marzo del año pasado.

“Ellos no tienen ninguna escritura, sino la hubieran presentado. Nosotros la compramos para tener de dónde agarrarnos y que no nos saquen”, explicó Gualpa.

Actualmente, la familia cuenta con el patrocinio de la defensora oficial Dorila Raquel Romero, aunque no están conformes con su actuación y pretenden cambiarla. “Nos trata como si fuéramos sus enemigos”, dijeron.

“No nos podemos ir a la calle. Cinco de nuestros hijos viven con nosotros y uno de los más chicos está enfermo de la tiroides. Son muchos años de lucha, nos persiguen y nos persiguen”, se quejó la mujer.

“Nosotros la queremos para vivir, la queremos habitar, no para hacer cosas raras o para alquilarla y lucrar. Hace tres años que estamos en esto. Acá está fallando el Estado municipal y provincial, si tenemos que dirigirnos a la Nación lo vamos a hacer”, aseguró la mujer.

“Habiendo tantas irregularidades, no entiendo por qué el juez le da lugar a una cosa de estas. Soy ama de casa, pero el juez no tendría que haber dado lugar a una denuncia por desalojo, tendría que haber pedido la escritura. Pero la escritura no está, sino la hubieran presentado”, remarcó.

“En el oeste hay mucha corrupción y nadie hace nada. Voy a poner la cara para que la gente sepa y los que tengan que hacer algo, que lo hagan. Estoy defendiendo a mis hijos y mi casa”, agregó.