Por: Irina Hauser.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró que se suspendiera la audiencia a la que había convocado el juez Roberto Gallardo después de que ordenara retirar el vallado en la cuadra donde vive Cristina Fernández de Kirchner y la presencia masiva de policías de la Ciudad de Buenos Aires en el lugar, tras la represión contra manifestantes que fueron a darle apoyo en la puerta de su domicilio. 

La administración porteña recusó a Gallardo, anunció que apelaría su resolución y que no acataría el fallo, pese a lo cual la medida cautelar sigue vigente hasta que sea designado un nuevo juez o jueza y tome una decisión. El magistrado dijo que Rodríguez Larreta “tiene un problema con la Constitución”. “Es una costumbre que cada vez que el gobierno porteño se siente molesto con la actuación de la justicia, me recusa. No es sólo conmigo, es con varios jueces. La conclusión la tiene que sacar la ciudadanía”, advirtió.

Una recusación pensada para demorar

El timing del gobierno porteño para hacer la presentación contra el juez apostó a dilatar una nueva decisión. La ingresaron al sistema el martes después del horario oficial de tribunales, ya a las 18 horas, de modo de lograr que este miércoles el juez tuviera que decirles a los asistentes a la audiencia que había convocado que tendría que suspenderla hasta que se designe un nuevo juzgado, lo que suele llevar por lo menos 24 horas adicionales. 

Eso fue lo que ocurrió: frente a las legisladoras denunciantes Claudia Neira y Ofelia Fernández, a la fiscalía y la Procuración de la Ciudad, Gallardo anunció que lo habían recusado. El ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, ya había dicho que no iría. Lo mismo el de Nación, Aníbal Fernández, en su caso por razones de agenda. Fernández había anunciado el refuerzo de la custodia federal para CFK.

La disputa por la custodia de la casa de Cristina Kirchner

La resolución de Gallardo decía que la custodia de la vicepresidenta, en función de toda la normativa vigente, está a cargo de fuerzas federales y que estas deben ser “el comando único”, lo que no quita colaboración de fuerzas locales. Pero la distribución de tareas, señalaba, es clara: “La seguridad de la señora vicepresidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños a cargo de la policía local”.

También aclaraba que el hecho de que la policía porteña deba despejar la zona de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner no significa que deba dejar de proteger el barrio. El juez explicaba que se trata también de prevenir y frenar situaciones de violencia. En este caso se vieron claramente promovidas por la propia policía. 

El objetivo de la medida cautelar que dictó era establecer que la Policía de la Ciudad no puede vallar ni reprimir, ni impedir accesos u obstaculizar la libre expresión, pero debe estar para las cuestiones propias de su competencia frente a delitos.

El juez Gallardo, un apuntado por el macrismo

Gallardo es un juez sistemáticamente recusado por el gobierno porteño. En este caso, le achacan tomar decisiones sobre cuestiones que no fueron planteadas por las partes. “Ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de la parte”. “Ha distorsionado el trámite del expediente” y señalan “falta de imparcialidad”. 

“No soy un juez K ni un juez M, soy un juez de la Constitución”, respondió Gallardo ante la consulta de la AM750.