Una de cal...

El Superior Tribunal de Justicia resolvió en la semana que se fue respecto de dos causas judiciales de alto impacto político: la ratificación de la condena al intendente de 25 de Mayo, David Bravo, por abuso de poder; y la confirmación de la acusación a los efectivos policiales que protagonizaron la sedición de diciembre de 2013.

Son dos episodios que necesariamente tendrán una lectura desde lo político, puesto que además la resolución judicial se produce en el marco de la feroz disputa interna en el partido del gobierno para la determinación de quiénes serán los candidatos en la elección general.

En ambos casos, aparecen involucrados personajes de alto perfil que acompañan el pacto entre los viejos caciques del PJ.

Bravo es un histórico ahijado político del senador Carlos Verna y la causa judicial en la que fue condenado por abuso de poder a raíz de la habilitación de un prostíbulo es apenas una de las varias en las que aparece complicado, ya que también se lo investiga en otro expediente vinculado con la trata de personas, en el vaciamiento económico de la cooperativa de la ciudad y en el manejo de fondos comunales de manera irregular.

Aun así, sigue pisando fuerte en su municipio: a partir de las relaciones políticas que ha tejido con personajes que no solo manejan importantes porciones de poder sino suculentos presupuestos (en el medio de todo aparece el petróleo) se mantiene en el ejercicio de la gestión municipal y aspira a una nueva reelección, pese a que los casos judiciales podrían interrumpírsela en el medio y a que desde lo político también estuvo a punto de quedar marginado, puesto que le surgieron competidores en su propia línea.

Las particularidades del ejercicio del poder mantienen a Bravo en el centro de la escena aun frente a la repetición de episodios que desde su sola existencia se supone que generan una pérdida de prestigio y legitimidad para quien queda enredado en semejantes asuntos.

Algo no muy diferente ocurre con Julián Giménez, quien se erigió a sí mismo en uno de los voceros y principales referentes de aquella sedición sistematizada en distintos puntos del país, en las horas en que la ciudadanía celebraba los 30 años de vigencia y continuidad del sistema democrático de gobierno.

En esos días, la población pampeana también estuvo en vilo, aunque esas incertidumbres quedaron en parte saldadas a partir de la aparición de fuerzas armadas nacionales que reemplazaron a los policías ausentes, que protagonizaron sus protestas no solo generando la desprotección de los ciudadanos, sino incluso haciendo utilización de los vehículos y las armas que el Estado les provee para cuidar a la comunidad.

También en ese caso se pensaría que un uniformado que incurre en semejante comportamiento, puesto además formalmente bajo la lupa judicial, ingrese en una zona donde su legitimidad queda puesta en duda.

Sin embargo, Giménez logró primero que los referentes de los gremios estatales hicieran lugar a su discurso durante una protesta salarial, en una conducta que los propios integrantes de la Intersindical supieron reprocharse, quizá no con la intensidad que hubiera sido propicia.

Ahora, Giménez está convertido en un visible puntero político de la alianza que pactaron Verna y Rubén Marín: adquirió un alto perfil en la organización del acto que se hizo en el club Estudiantes y se fotografió con referentes importantes de la coalición que conformaron los viejos caciques de Convergencia y la Plural.

La situación pone en evidencia los obstáculos que el sistema democrático tiene a veces para limpiarse de indeseables vicios, a partir de la vigencia plena del oportunismo, las conveniencias y oscuros intereses, que permiten el ejercicio de la extorsión y naturalizan el “toma y daca”.

...y una de arena

El mismo Superior Tribunal de Justicia que con esos dos fallos pareció hacerle un guiño al oficialismo, dedicó energías y argumentos en esta misma semana a difundir públicamente una nota en la que le advirtieron al gobernador Oscar Mario Jorge acerca de una situación que no puede desconocer, pero que sin embargo se mantiene: el estado de hacinamiento y maltrato que padecen los detenidos en las comisarías y alcaidías locales.

Ese panorama ante el que el Ejecutivo actuó largo tiempo con indiferencia y retardo, cumpliendo un papel por lo menos deficiente, fue expuesto de manera reiterada por representantes de la Defensoría General y estuvo en el centro de la escena mediática un tiempo suficiente como para que se produjera alguna reacción oficial, y sin embargo los funcionarios del área se han inclinado más hacia las excusas que hacia las acciones concretas.

No es habitual que los magistrados del máximo organismo judicial actúen de ese modo, pero el estado de cosas y la inacción que en algún sentido ha mostrado el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad impulsaron a Hugo Díaz, Víctor Menéndez y Eduardo Fernández Mendía no solo a formular el aviso y a pedir resoluciones en consecuencia, sino a utilizar calificativos para describir la crítica situación que soportan las personas privadas de su libertad.

El STJ incluso se ocupó de hacer sonar a modo de prevención, un alerta: aseveró que si no se actúa a tiempo podrían generarse conflictos de difícil resolución, aunque pese a ello nada se sabe de que el Ejecutivo haya actuado de alguna forma para aliviar el padecimiento de los detenidos.

De todos modos, una advertencia formal y un pedido de arbitrar “medidas de manera urgente” no modificará la cuestión de fondo si no hay política criminal que establezca previsiones y objetivos, o si esa política criminal pasa por extender la llamada “mano dura” de manera indiscriminada, como demagógico modo de responder a una petición de vastos sectores sociales.

El problema de fondo no tendrá solución, y además se agravará, si desde el poder político se sigue bajando línea -y esa “sugerencia” se respeta a rajatabla desde el Poder Judicial- para evitar que haya excarcelaciones; si la aplicación del nuevo Código deriva en una extraordinaria multiplicación de la cantidad de detenidos; y si desde el Estado se busca la meta de acallar las voces que repiten como si fuera una certeza que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”

Por otra parte, el mismo organismo judicial que ahora recuerda los pesares de los detenidos en comisarías y alcaidías, no aportó más que ausencias y demoras cuando los defensores generales se movilizaron preocupados por otras personas privadas de su libertad, las que eran alejadas de su lugar de origen y trasladadas a otros penales del país: ante el pedido de “repatriación”, el STJ cayó en la trampa jurídica que esa vez compartieron el Ejecutivo provincial y el Servicio Penitenciario Federal.

El hecho de que el tema esté en debate es, en realidad, una victoria en la pelea por los Derechos Humanos, puesto que no resulta nada sencillo poner en el tapete el estado de situación de quienes están encerrados, olvidados e invisibilizados.

Esas personas suelen ser blanco no solo del brazo represivo del Estado -a veces tan ausente para contener como ultrapresente para vigilar y castigar- sino también del resentimiento social, puesto que en estos tiempos -y como consecuencia entre otras cosas del mensaje que escupen los grandes medios hegemónicos- importantes sectores de la ciudadanía ven en las personas que han cometido un delito a enemigos merecedores de saña y más venganza que justicia.