De acuerdo a una disposición judicial, se ordenó la prohibición de proximidad física por parte del dirigente de la Asociación Bancaria (AB) Carlos Cisneros a un conjunto de empleados de la Caja Popular de Ahorros (CPA), quienes denunciaron una serie de amenazas físicas y verbales de las que fueron víctimas.

Al respecto, el juez de Instrucción de la Iº Nominación, Javier Tomas hizo lugar al requerimiento fiscal sobre una medida cautelar interpuesta, luego de que los afectados declararan que el 29 de noviembre pasado en las instalaciones de la CPA fueron objeto de amenazas por no adherirse al paro del personal que había sido llamado por los directivos de La Bancaria.

"Por lo expuesto, sobreviene la necesidad de ordenar las medidas cautelares tuitivas de la integridad física del damnificado, a los fines de su resguardo como así también evitar que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores, deviene ordenar la prohibición de proximidad física en contra del ciudadano Cisneros Carlos Aníbal, como así también abstenerse de concurrir a los domicilios particulares (de los damnificados) bajo apercibimiento de aplicar medidas de coerción personal en caso de incumplimiento", indicó la fiscalía.

A este requerimiento es al que hizo lugar Tomas, estableciendo que Cisneros y otros dirigentes gremiales señalados, entre ellos el titular de la AB en Tucumán, Eduardo Bourlé, no deberán acercarse a una distancia inferior a 30 metros de los denunciantes.

Esta resolución judicial se enmarca en el conflicto desatado entre los integrantes de La Bancaria y el gobierno tucumano luego de que 170 millones de pesos de la entidad crediticia fueran sustituidos por Letras del Tesoro provincial, lo que fue catalogado como un "saqueo" por parte del gremio en cuestión.

A su vez, la disputa se tensó aun más con la designación de Armando Cortalezzi como interventor de la Caja. El legislador en uso de licencia es objetado por Cisneros al considerar que no se encuentra capacitado para ejercer esa función.