“La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo una valoración antojadiza, selectiva, parcializada y arbitraria de la prueba que existe en el expediente de la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón”. Así lo consideraron los abogados de los condenados por el secuestro para la explotación sexual de la hija de Susana Trimarco, quienes ayer presentaron el recurso de casación en contra de la sentencia condenatoria.

Al mediodía venció el plazo legal para impugnar el fallo, luego de que el 24 de abril se difundieran los fundamentos de las condenas que recibieron José Fernando “Chenga” Gómez, Gonzalo Gómez, Daniela Milhein, Alejandro González, Carlos Luna, Pascual Andrada, Juan Derobertis, María Azucena Márquez, Mariana Bustos y Paola Gaitán.

Los defensores cuestionaron que la Corte Suprema haya dado vuelta la sentencia absolutoria que había dictado la sala II de la Cámara Penal en diciembre de 2012. “En el peor de los casos se debería haber anulado la sentencia y realizar un nuevo juicio oral, con todas las garantías”, fundamentó el letrado Jorge Cáceres, defensor de “Chenga”.

Cáceres fue el más duro en sus términos hacia la Corte, particularmente en contra del vocal Antonio Estofán. “Ya había anticipado públicamente que el expediente iba a quedar con esa sentencia (condenatoria). “Lo había solicitado la señora Susana (Trimarco), prometido el gobernador (José) Alperovich y hecho efectivo Estofán”, agregó el letrado.

Con menos virulencia, el resto de los abogados coincidió en sus críticas a la decisión de la Corte Suprema, que declaró la responsabilidad penal de 10 de los 13 absueltos. “La única prueba de este caso era testimonial. No había pericias de ADN ni allanamientos positivos. Y las declaraciones de los testigos requieren de la inmediación, de conocer cómo fueron expuestos, los silencios, los gestos. La Corte no participó de eso”, afirmó Roberto Flores, defensor junto a Luis Acosta de Gonzalo Gómez, Luna y Gaitán.

También presentaron recursos de casación los defensores Oficiales Hernán Molina (por Milhein, González y Derobertis) y Marta Toledo (Andrada) y los abogados Carlos Posse y Juan Carlos López Casacci (Bustos). Una vez que se estudie si las presentaciones cumplen con los requisitos formarles, los recursos serán girados a la Corte Suprema, que deberá integrarse con jueces distintos a los que intervinieron en la sentencia de diciembre del año pasado.

Fianzas

Los abogados, en tanto, avanzan con las presentaciones de las certificaciones de los inmuebles que fueron propuestos como caución (fianza) para que los acusados recuperen la libertad. Fuentes judiciales estimaron que este paso se completaría la semana que viene.

“Marita” desapareció el 3 de abril de 2002 y según la sentencia de la Corte Suprema, la secuestraron para obligarla a prostituirse en La Rioja.

A pocas horas de que se venciera el plazo para impugnar la sentencia condenatoria del caso Verón, el abogado Sergio Pérez presentó la renuncia como defensor de María Azucena Márquez. Cuando sea designado un nuevo abogado, tendrá dos horas para presentar el recurso de casación. De lo contrario, la sentencia quedará firme para Márquez.

Se jubiló el camarista Piedrabuena

Alberto Piedrabuena, el presidente del tribunal que absolvió a los 13 acusados por el secuestro de “Marita” Verón, trabajó por última vez el 30 de abril y luego se jubiló. Susana Trimarco le inició un juicio político por el fallo absolutorio, y la Corte Suprema frenó la destitución ante la renuncia del magistrado por haber iniciado sus trámites jubilatorios.