La información trascendió durante la jornada de ayer por distintos medios locales y fue confirmada por abogados del foro local allegados al ex magistrado confirmaron la noticia, señalando que Zaloff Dakoff falleció producto de un paro cardiaco.

Cabe recordar que el mencionado juez presentó había presentado su renuncia en septiembre de este año asediado por la cantidad de denuncias por presunta corrupción y un inminente jury al que iba a ser sometido.

Cabe recordar que antes de que concluyera 2011, Zaloff Dakoff había fallado a favor de la empresa cordobesa Bajo Hondo Agropecuaria S.A., que había comprado 5 mil hectáreas de tierras de una propiedad comunitaria indígena, lo que está expresamente prohibido por la ley. El magistrado entendió que "no existe impedimento legal alguno para que se pueda hacer transferencia de los inmuebles". Los empresarios finalmente ocuparon las tierras y desalojaron por la fuerza a sus ocupantes originales.

El diputado del Frente Grande Fabricio Bolatti lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por la presunta irregularidad en la transferencia de tierras comunitarias, "contra el mandato de pactos internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución provincial".

CASO ROSEO

También había llegado a su juzgado el expediente en el que debía comenzar a resolverse el destino de las 250 mil hectáreas de campo pertenecientes al asesinado terrateniente Manuel Roseo (la causa penal está en la Cámara del Crimen Nº 2).

Para ponerle precio, Zaloff Dakoff designó al Perito Tasador Eduardo Martínez, a quien como si fuera una tasación regular le fijó honorarios por el 2 por ciento del valor de las tierras: la friolera de $ 25.919.505.

Por esa causa, la fiscal de Investigaciones Nº 4 de Sáenz Peña, Fanny Zamateo, acusó a Zaloff Dakoff (y a Hugo Osiska, juez laboral) por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato: una historia repetida, aunque el Consejo de la Magistratura aún no se expidió.

Cabe señalar que Juan Zaloff Dakoff ya había tenido que enfrentar un pedido de Jury en 1995 por prevaricato, negligencia en el ejercicio de las funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y reiteración de graves irregularidades en el procedimiento de la adopción de un menor concedida al torero español Angel Peralta Pineda en tiempo récord.