La maniobra abre múltiples incógnitas y pone en la mira a Falbo, que posee un rol clave en la Justicia por ser la jefa de los fiscales de la Provincia. En primer lugar, no explica el motivo por el cual saltea el proceso de licitación pública, natural en este tipo de casos. A su vez, tampoco deja en claro cuál será el destino de esos vehículos. Sólo se menciona que se repartirán en “distintas dependencias del ministerio público”. Por un hecho similar, se presentó una denuncia contra el ministro de Economía, Amado Boudou, que finalmente fue procesado por la Justicia (ver “Boudou y una...”).

Según averiguó Hoy, el valor de los vehículos que la Procuración se dispone a comprar ronda los

$ 68.200 por unidad, lo que, multiplicado por los 38 autos, supera los

$ 2.500.000. La abultada cifra no hace más que aumentar las sospechas sobre la posibilidad de un pago de sobreprecios o el presunto favorecimiento a algún empresario determinado. Este modo de contratación por parte del Estado es fuertemente cuestionado, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, debido a que reduce la transparencia de cualquier gestión.

Este medio se comunicó con la Procuración General de la Corte para obtener algunas respuestas y lo consiguió parcialmente. A través de un escueto comunicado, firmado por Francisco Galante, subsecretario de Administración del organismo, aseguraron que se “cumple con todas las normas vigentes en la materia”.

Según remarcaron, el procedimiento utilizado se hace “conforme a lo establecido en el artículo 26, apartado 3, inciso i, de la ley de Contabilidad n° 7.764, que dice que podrá contratarse directamente la compra de vehículos automotores y su reparación”. Sin embargo, justamente ese inciso no está mencionado en las condiciones particulares del pliego, difundido a través de la página web de la Procuración.

A su vez, Galante mencionó que el pedido público de ofertas se realizó en forma pública con “invitaciones a concesionarias y fábricas para la contratación de vehículos”. Aquí también surge una nueva inquietud. La “contratación directa 63/10” se publicó por primera vez en el Boletín Oficial de la Provincia el lunes, y ayer por último día. Mañana, a las 11, se abrirán los sobres con las ofertas, lo cual no deja un gran margen de tiempo para que los interesados puedan elaborar los presupuestos. ¿Es esto normal? ¿Por qué la urgencia? ¿Ya hay ofertas? Ninguna pregunta pudo despejarse. “Lo que dice el comunicado es todo lo que tenemos para decir”, se excusaron desde la Procuración.

Otro de los puntos polémicos es el detalle de la compra, pues no se busca comprar autos de determinada línea para que cada marca pueda ofrecer el vehículo que se ajuste a esas necesidades y, a partir de eso, seleccionar el mejor precio. El pliego es puntilloso: “El presente llamado tiene por objeto la adquisición de treinta ocho (38) vehículos 0 km Volkswagen Voyage 1.6 Confortline Plus, con: cierre centralizado, nafta, aire acondicionado, dirección asistida y airbag frontal”.

El justificativo para la elección de este vehículo dado por el funcionario de la Procuración fue que así se “aconsejó desde el servicio de automotores en virtud del rendimiento obtenido por los mismos en su utilización por fiscales, defensores e instructores de Policía Judicial en los 18 departamentos judiciales de toda la provincia de Buenos Aires”.

“En principio, toda contratación debe hacerse por licitación pública. Para hacer una contratación directa tiene que existir la suficiente justificación que lo amerite. Además, habría que pedir precios de distintas marcas”, refutó en diálogo con Hoy una alta fuente del Poder Judicial.

Lo cierto es que ampararse en algunas excepciones que la ley de Contrataciones permite para realizar compras directas, en lugar de la licitación pública, despierta más dudas que certezas.

Qué dice la ley

La ley de Contrataciones de la Provincia fue actualizada recientemente a través de una publicación en el Boletín Oficial. Establece que el monto máximo para realizar una compra directa es de 80 mil pesos, cifra claramente inferior a los 2,5 millones que la Procuración gastará en estos 38 vehículos.

El capítulo tercero es el que se refiere a las contrataciones. En su primer artículo (el 25) afirma: “Todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo se deriven gastos, y por remate o licitación pública cuando se deriven recursos”.

El siguiente es el que habla de las excepciones y señala que las contrataciones directas podrán efectuarse por diversos motivos. Entre ellos, el inciso i dice: “La reparación de motores, máquinas y aparatos en general, y la compra de vehículos, automotores y su reparación”. No obstante, en ningún lado sostiene que es obligatorio saltearse la licitación pública, que le daría un grado de mayor transparencia a la operación. Estas excepciones están dispuestas para situaciones de emergencia o de extrema necesidad, y no para convertirse en una constante a la hora de las compras.

Boudou y una historia similar

El ministro de Economía, Amado Boudou, fue denunciado por la asociación civil Anticorrupción, encabezada por el abogado Ricardo Monner Sans, por la compra de 19 automóviles de alta gama en forma directa, sin llamar a licitación, por poco más de 2.300.000 pesos. ¿Similitudes con Falbo? Muchas.

Según consta en los registros, la cartera económica autorizó y pagó $ 2.301.227,25 a una firma para “satisfacer necesidades operativas” del ministerio. Otro dato semejante a la contratación que impulsa la Procuración es la marca de los vehículos: Volkswagen. Sin embargo, Boudou apostó un poco más alto: adquirió Passat, Vento y Bora, los modelos de alta gama de la firma.

Lo más llamativo de este hecho es que Boudou eligió evitar la licitación pública y realizar un pedido de automóviles exacto a un lote que ofrecía una empresa del sector a través de los diarios. “Nos salía más barato”, fue la justificación desde la cartera económica.

Según la denuncia realizada por Monner Sans, la compra de estos vehículos efectuada por el Ministerio de Economía de la Nación “fue innecesaria”, pues las necesidades operativas en materia de transporte estaban “muy bien cubiertas”. Además, el reconocido abogado consideró que la compra “se efectuó en flagrante violación al Régimen de Contrataciones del Estado”.

Asimismo, el titular de la organización señaló la incoherencia de que el Ministerio de Economía haya alegado motivos de urgencia para la compra directa, y sin embargo “entregó doce de dichos vehículos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Julián Domínguez, para ser usados por funcionarios de dicho ministerio”.

Este hecho se conoció en enero de este año. Pero en septiembre la situación se agravó y la Justicia Federal, que recibió la denuncia de Monner Sans, dispuso el allanamiento del Ministerio de Economía para profundizar la investigación y el procesamiento de Boudou.