"A fines de febrero, un inspector dijo que constató que no entregué tickets a mis clientes y ahora me vienen a clausurar el local por cuatro días más una multa de $ 3.000. Lo peor del caso es que el nombre del denunciante no coincide con el número del DNI proporcionado", comentó a LA GACETA la propietaria de uno de los locales afectados.

La "guerra de carteles" se desató en los últimos días. Mientras los empleados de Rentas cumplían con la orden de poner fajas de clausura a los negocios, en zonas cercanas a la casa central del organismo recaudador aparecieron afiches atribuidos a Comerciantes Indignados. "Basta de presión fiscal; basta de clausuras irracionales; basta de persecución a los comerciantes", podían leerse en los carteles, dirigidos directamente al titular de Rentas, Pablo Clavarino.

Y completaba la frase con analogías respecto de que la mayor presión fiscal significaba el cierre de comercios; esto -a su vez- incrementaba el desempleo y, en definitiva, la pobreza.

Consultado por LA GACETA, Clavarino afirmó que no se trató de decisiones irracionales, sino que se ajustaban a derecho, a lo que establece el Código Tributario Provincial. "Esto arrancó hace un año; desde entonces, le hemos informado a los comerciantes que no emitir facturas, vender en negro o contar con personal informal en sus locales significaba clausuras y multas", recordó el funcionario.

Clavarino expresó -además- que el organismo a su cargo le ha dado a los contribuyentes sancionados la posibilidad de ejercer su derecho a defensa. "Hemos corroborado la existencia de no emisión de tickets, es decir, que no están pagando los impuestos como corresponden, y en algunos casos detectamos que se contrata personal en negro", puntualizó.

El Código Tributario, en su artículo 78, establece la sanción demultas y clausuras que van desde los $ 300 hasta los $ 30.000, dependiendo de la gravedad de la falta cometida por el contribuyente. Las clausuras son de entre tres y 10 días, si es que los inspectores detectan que no facturaron o los comerciantes no tienen los libros en orden o, directamente, no estén inscriptos en el sistema.

Para el caso de la detección de empleados informales, además de la clausura por dos días, el infractor se expone al pago de una multa de $ 20.000 por persona.

"Los controles van a continuar, porque es necesario combatir la informalidad laboral, que expone a las personas a no contar con ciertos beneficios como obra social o una futura jubilación", dijo Clavarino.