Representa desde 2008 a la Provincia ante el Consejo Federal de Ordenamiento Territorial.
Pese a su cargo público, entre 2009 y 2011 Facundo desmontó ilegalmente cerca de mil hectáreas que no le pertenecen en Ballivián (San Martín). Lo hizo a través de la empresa SAN SRL, que maneja Sergio Mendoza, funcionario que preside el Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja) también desde comienzos de 2008.
Cuando el hermano del gobernador y su socio encubierto se apropiaron y deforestaron esas tierras, que reclaman varias comunidades aborígenes de la zona de Cuchuy, regía una prohibición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de realizar desmontes en los departamentos San Martín, Rivadavia, Orán y Santa Victoria.
El Cofeplan se creó en 2008 para que las provincias hagan cumplir el ordenamiento territorial que surgió tras la sanción de la ley 26.331 de bosques nativos. En Salta, la adhesión a la citada norma nacional se dictó a través de ley 7.543. En este contexto, la Provincia demarcó las zonas boscosas libres para las actividades agropecuarias y forestales, como así también las áreas prohibidas.
Con el nuevo puesto, Facundo tenía amplios poderes para inmiscuirse en ese proceso que elevaría el valor de las tierras liberadas para la producción y desvalorizaría a aquellas que quedaran afectadas a la preservación forestal.
Un año después, el Gobierno salteño presentó el mapa del ordenamiento, en el cual se pintaron áreas verdes (libres), amarillas (restringidas) y rojas (prohibidas), según las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales.
En 2010, a través del decreto 2211, el Gobernador aprobó un procedimiento para el análisis de los proyectos a escala predial. Esta revisión, que resulta clave para entender por qué Facundo Urtubey se convirtió en un nuevo “colono” del Chaco salteño, permitió que grandes extensiones reservadas para la conservación de bosques fueran liberadas para desarrollos agrícolas, ganaderos o forestales.
Desde el núcleo que delineaba todas estas políticas del ordenamiento territorial, Facundo desmontó sin problemas las hectáreas de las que se adueñó a través de la empresa agropecuaria SAN SRL en la zona de Cuchuy. Para apropiarse de este sector, el funcionario se aprovechó de un vacío catastral de 1.036 hectáreas existente en el Chaco salteño.
Hasta 2009, esas tierras conservaron su bosque, pero fueron ilegalmente desmontadas y están arrendadas por SAN SRL a Hijos de Salvador Muñoz para plantaciones de poroto desde febrero de 2012. El acuerdo fue firmado por las campañas 2012, 2013 y 2014 en base a una constancia con la que Sergio Mendoza se arrogó “derechos posesorios”, que no tiene.
Una apropiación con pruebas categóricas
Para arrendar las tierras apropiadas en la zona de Cuchuy (Ballivián), Sergio Mendoza hizo certificar con la escribana Leonor Susana Salas una constancia que firmó el pasado 27 de febrero. En ese documento, el socio de Facundo Urtubey declaró que los derechos posesorios de SAN SRL sobre esas 1.036 hectáreas se encuentran reconocidos mediante un acta privada que se suscribió el 21 de octubre de 2010, y cuya homologación se tramitaba ante la jueza Ana María de Feudis, de Tartagal. La homologación, que la citada jueza había rechazado mucho antes de que Mendoza firmara la constancia, buscaba acortar el camino para que SAN se quedara con las tierras por prescripción adquisitiva (posesión veinteañal).
La magistrada, al rechazar la homologación, advirtió que “la adquisición de un dominio por usucapion es de orden público y, por lo tanto, no puede ser sometida a mediación privada”. La posterior apelación ante la Cámara, sacó a luz la vinculación de Facundo Urtubey con SAN SRL (Mendoza) y la apropiación de las tierras. Más abajo pueden verse fragmentos de la resolución con que la Sala 1 del tribunal confirmó el fallo de la jueza De Feudis.
La finca del hermano del Gobernador lindaba con las tierras apropiadas y deforestadas
Ocultó la venta de parte de su campo
Desde febrero de 2008, Facundo Urtubey es el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta. Como funcionario público está obligado a declarar sus bienes bajo juramento, por un deber que apunta a evitar prácticas de corrupción. Por eso, omitir o falsear información está penado por la ley.
En su última declaración jurada, que ingresó a la Escribanía de Gobierno el 2 de marzo de 2012, el hermano del Gobernador omitió informar la venta de una fracción de su finca en Ballivián, registrada ante Inmuebles en febrero de 2011.

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