El caso que tiene como principal procesado a Juan Ignacio Suris podría apuntar ahora a nuevas financieras, empresas y hasta profesionales de la ciudad.
La Justicia Federal avanzará seguramente hacia otras empresas de la ciudad por el caso de las facturas truchas que involucra a Juan Suris, según trascendió ayer.
Mientras se esperan para antes de fin de mes sendos informes de la AFIP y del área de Lavados de Activos de la policía bonaerense, que analizan la documentación secuestrada durante los allanamientos a la sucursal Universitario del Banco Provincia y a la financiera Crediba, no se descarta que los investigadores redefinan la dirección de la causa.
“Se está haciendo una valoración conjunta de toda la prueba y puede existir un avance en otro sentido. Se busca distinguir mecanismos que pueden incluir a otras empresas, nuevas financieras y algunos profesionales de nuestra ciudad”, confirmó ayer una fuente tribunalicia.
Los peritos establecieron como básica y clara la maniobra de Suris en torno a la emisión de facturas falsas para la venta de IVA (a través de las empresas fantasma a su cargo y a favor de unas 200 firmas que se veían beneficiadas por la descompresión tributaria).
Ahora están observando que existen otros elementos de juicio y que no saben dónde puede terminar la investigación.
De hecho, el vocero consultado por La Nueva. reconoció que “esta causa va a tener una mayor trascendencia institucional que la de la droga, porque existe un universo de ciudadanos que vive de las facturas truchas para que le cierren los números y que perjudican al Estado y a la sociedad en general. Y si Suris no las vende, será otro”.
“La valoración de la prueba es conjunta y es cierto que existe la idea de redefinir el objetivo principal de la causa”, recalcó el informante, aunque prefirió ser cauto en cuanto a nombres propios.
Mientras tanto, todavía no existe avance procesal hacia el Bapro ni la financiera ubicada en Sarmiento 234, que podrían tener algún grado de vinculación con las supuestas maniobras de Suris.
Los resultados del análisis de la documentación secuestrada por parte de la AFIP (el juez Santiago Martínez le pidió una conclusión la semana pasada y le adelantaron que estaría antes de fin de mes) permitiría valorar la situación procesal de ambas partes. “Esto es, tanto del personal del Banco, que obviamente no es el subalterno, y de Crediba”, aclaró.
Para los investigadores, Suris, a través de sus presuntos negocios sucios por venta de drogas y emisión de facturas truchas, realizó maniobras irregulares y lavó dinero mediante la financiera aludida y el banco de la avenida Alem.
A fines de marzo, el doctor Martínez dictó el procesamiento con prisión preventiva de Suris por conformar una organización dedicada a la venta de facturación a través de empresas fantasmas.
Sin prisión preventiva, también fueron procesados su padre Eduardo, Juan Pipkin, Flavio Carrano, Domingo Goenaga y Nicolás Ibarra Gutiérrez.

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