Tal como lo venimos adelantando desde hace algunas semanas, en los próximos días seis empresarios bahienses deberán prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal, en el marco de la denominada causa de las “facturas truchas”.

Se trata de Juan y Eduardo Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Carrano, Domingo Goenaga y Juan Pipkin. Se los acusa de integrar una “asociación ilícita” destinada a la venta ilegal de facturas comerciales apócrifas, para disminuir de modo fraudulento su carga tributaria.

La investigación que comenzó en junio del 2011, luego de una serie de allanamientos de AFIP-DGI, se encuentra en manos del fiscal federal general Alejandro Cantaro, quien se comprometió a “llegar a fondo”.

“Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, afirmó el funcionario del Ministerio Público en diálogo con Frente a Cano.

En el mismo sentido, comentó que AFIP ha recolectado una enorme cantidad de prueba técnica y de documentos que ya se encuentran en su poder y que, una vez que los imputados declaren ante la jueza federal subrogante Ana Araujo, producirá el resto de la prueba que crea conveniente y finalmente solicitará la elevación a juicio por “asociación ilícita”.

“El hecho de que hoy en día hayan seis imputados no nos limita. El día de mañana pueden surgir nuevos integrantes de esta supuesta asociación”, afirmó.

Y agregó: “vamos a ir a fondo con la investigación, no es una promesa vana sino que estoy comprometido”.

“En mis fallos demuestro mi posición jurídico-ideológica frente al mundo, y es que la concentración del esfuerzo judicial tiene que estar en los delitos de los denominados ‘cuello blanco’, que son los que hacen que los jefes de sala de un hospital o los maestros rurales ganen una miseria”, sentenció.