Por estas horas, las novedades para Juan Ignacio Suris desde el punto de vista judicial no son las mejores. Esta mañana fue notificado oficialmente sobre la resolución del Juez Federal Santiago Ulpiano Martínez, quien lo procesó y definió su prisión preventiva en el marco de la causa de las “facturas truchas”.

Según pudo saber Frente a Cano, el magistrado entendió, al igual que los fiscales, que Suris lideraba una asociación ilícita que se dedicaba a crear empresas fantasmas y facturas por servicios que no se brindaban para poder “lavar IVA”.

En la misma resolución, Martínez procesó (aunque sin prisión preventiva) a sus supuestos socios: su padre Eduardo Suris, el piloto de Turismo Nacional Juan Pipkin, Flavio Carrano, Domingo Goenaga y Nicolás Ibarra Gutiérrez.

Vale recordar que la estrategia de Suris fue tratar de evitar la figura de “asociación ilícita”, tratando de justificar que solamente él era quien se encargaba de las transacciones.

Entre otras cuestiones, ante el juez había reconocido que se dedicaba a la venta de facturas truchas, pero había explicado que el resto de los imputados simplemente le habían “prestado el nombre” para poder conformar las sociedades comerciales.

Fuentes informadas indicaron que el abogado de Suris planteará la apelación la próxima semana.

¿Quiénes compraban las facturas?

En la resolución, el Juez Martínez solicitó también a la AFIP que se investigue a las empresas que habrían comprado las facturas apócrifas.

En este sentido, el propio Suris había mencionado a algunas de las firmas con las cuales había negociado. Entre ellas, se encontraba Málaga Construcciones, que llevó a cabo varias obras públicas en nuestra ciudad.

También, dijo que había firmas “del sur, de Río Gallegos, con vínculos con el Gobierno”.