Se dictó su preventiva como jefe de una asociación ilícita fiscal, con 15 millones de pesos en concepto de responsabilidad civil. Hubo otros cinco procesados.
"Las sociedades (Scarsur Bahía, E&J Argentina, M-Magna, Attimo Bahía, CVP Industria y Bahia Acoplar) fueron creadas con la finalidad de generar operaciones ficticias entre éstas (llamadas usinas) y personas físicas o ideales que necesitaban disminuir sus créditos fiscales (llamadas usuarias), posibilitando así, a las usuarias, evadir tributos al erario".
De esa manera el juez federal Santiago Ulpiano Martínez resumió la operatoria de la presunta asociación ilícita fiscal que encabezaba Juan Ignacio Suris.
Lo hizo al dictar el procesamiento con prisión preventiva del supuesto vendedor de drogas -ya estaba detenido por narcotráfico- y fijarle 15 millones de pesos en concepto de responsabilidad civil, como garantía de la pena pecuniaria que pudiera corresponderle.
De confirmarse en juicio este encuadre, Suris podría recibir entre 5 y 10 años de pena por el delito.
En el marco de la resolución, de 80 fojas y a la que tuvo acceso "La Nueva.", también fueron procesados, aunque sin prisión, cinco personas a las que se considera coautores, entre ellas su padre.
Se trata de Eduardo Suris, Juan Pipkin, Flavio Rodrigo Carrano, Nicolás Ibarra Gutiérrez y el contador Domingo Tomás Goenaga.
A estos cinco, de manera individual, se les fijó 4 millones de pesos a modo de responsabilidad civil.
Luego de un análisis pormenorizado de informes de la AFIP, pericias, documentos y declaraciones testimoniales e indagatorias, el magistrado concluyó que la única persona que aporta a las distintas sociedades es Juan Ignacio Suris y que el resto, en mayor o menor medida, colaboró con él.
"El manejo y los beneficios económicos de la actividad desarrollada quedan siempre en manos de Juan Ignacio Suris", sostuvo Martínez, tras remarcar la autoincriminación del acusado, como "único administrador, creador e ideólogo de todas las empresas".
Con la conformación de las firmas fantasmas y la emisión de facturas truchas (por 70 millones de pesos), la asociación ilícita perjudicó al fisco en $ 14.794.564,10.
Fueron 192 los casos relevantes.
En el fallo, el juez alude a decenas de empresas que habrían tenido contacto con la organización, aunque muchas no superaron la condición de punibilidad que prevé la ley 24.769 (100 mil pesos por impuesto y por ejercicio anual).
Sí destacó el magistrado a cuatro: Ever Mario Alonso (evasión de casi $ 370 mil), IF Diseño y Cad ($ 262 mil), Fabricio Casini ($ 306 mil) y Minutillo Hermanos ($ 485 mil).
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