En 2008 se dio un aumento del 10%, que se paga desde 2009.
De este modo, se intentó dar por cerrado el conflictivo período abierto con la política nacional de privatizaciones de servicios públicos, la cual que fracasó estrepitosamente en Tucumán con la expulsión de Aguas del Aconquija (propiedad del grupo francés Vivendi). Insistentemente, durante la gestión de Julio Miranda, se reflotó la posibilidad de un nuevo llamado a interesados privados, como trascendió que iba a tener lugar en 2004. Al año siguiente de ese plazo, sin confirmaciones ni noticias al respecto, Alperovich anunció formalmente que la SAT seguiría en manos del Estado sin límites de tiempo, para implementar una activa política de instalaciones de redes domiciliarias de agua potable.
Luego de ocho años de tarifa congelada, en setiembre de 2006 llegó el primer aumento, del orden del 10%. Luego, a fines de 2008 se dispusieron nuevos incrementos, que rigieron desde el año siguiente y fueron de entre el 12% y el 15%; y en 2009 hubo una suba del 12%, que comenzó a implementarse a partir de enero pasado. En todos los casos, las nuevas tarifas fueron justificadas en la necesidad de afrontar los mayores costos operativos de la empresa y las inversiones realizadas y por efectuar, que alcanzan al 80% de los usuarios domiciliarios. A principios de este año se anunció que se iban a instalar hasta diciembre 50.000 medidores del consumo, los que están siendo colocados.

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