El gobernador Insfrán anunció el miércoles último en Ingeniero Juárez el envío a la Legislatura de un proyecto de ley por el que se declaran de utilidad pública 30.000 hectáreas de la jurisdicción de La Florencia “para entregarlas a los antiguos habitantes de esa zona”... interviniendo así en un complejo problema de larga data donde hay de por medio sospechas de “negocios pocos claros”, créditos otorgados por entidades gubernamentales y ONG´s a quien se reconoce como titular de 60.000 de las 30.000 hectáreas que serán expropiadas si los diputados aprueban lo anunciado por el titular del Poder Ejecutivo provincial.

Un condimento no menor a esta cuestión son las denuncias públicas realizados por el Movimiento de Campesinos de Formosa (MOCAFOR) y miembros del Frente Nacional Campesino (FNC) sobre supuestos maltratos del empresario Jorge Bellsolá Ferrer sobre quienes actualmente viven dentro de la propiedad (ver cuadro).

Para justificar la decisión, Insfrán expresó en Ingeniero Juárez que “cuando ocurren estas cosas siempre aparecen los oportunistas que quieren sacar tajada sin ningún esfuerzo, sino simplemente apelando a la picardía o en ocasiones abusándose del desconocimiento que pudieran tener los tenedores de este bien social que es la tierra”.

“Una decisión correcta”

En diálogo con Radio Uno 99.9, el administrador del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, Manuel Rodríguez, analizó la decisión del mandatario formoseño y dijo que se trata de una medida “acertada”.

“La Estancia La Florencia es un ícono en las propiedades de Formosa, primero esa estancia una plantación entre el gobierno de Salta en su momento y un privado que fue don Manuel Peña, y Florencia fue la hija de don Manuel Peña. Es un título de propiedad muy particular, que yo no pongo en discusión de ninguna manera.

Lo que pasa que esa propiedad no tiene mensura, es decir, no se sabe dónde empieza y dónde termina, pero son 60 mil hectáreas”, detalló Rodríguez, quien describió contó que esa propiedad fue poblada y habitada por dos o tres generaciones familiares de los que hoy la habitan, que serán cerca de cien familias “y tienen derecho a un título de propiedad.

Sobre la legalidad y legitimidad de la propiedad de esa cantidad de hectáreas, el funcionario expresó que “el tiempo fue pasando, se hicieron siete transferencias de ese campo, y se lo usó toda la vida como un bien de especulación que servía para garantizar otros negocios en otras partes del país y nadie invirtió absolutamente nada en esa estancia por más que digan que se sembró algarrobo y todas esas cosas que dicen los actuales dueños, pero no pongo tampoco en tela de juicio eso.

Lo que pensamos y seguramente habrá pensado el gobernador también es que son 60 mil hectáreas, y lo que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación”.

4,5 millones de dólares

Otro de los puntos controversiales que abrió la decisión es la de saber cuánto le costará en dinero al Estado provincial –o sea a todos los formoseños- indemnizar al dueño de las 30.000 hectáreas que serán expropiadas.

Según Rodríguez, no hay precisiones sobre el precio de la hectárea en la zona ya que no se concretan operaciones desde hace un año porque están suspendidas las transferencias desde el 15 de julio del año pasado. “No sé cuánto vale la hectárea, pero menos de 150 dólares no”, expresó.

De ser así, la base para sentarse a negociar rondará los 4,5 millones de dólares.

“Ahora vamos a empezar a negociar para ubicar a las cerca de 100 familias que hay en el lugar, darle la propiedad de su tierra, y el Estado se hará cargo de pagar o al arreglo que se llegue”, detalló Rodríguez, para agregar que “una cosa es la expropiación directa y otra la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación si no se llega a un arreglo.

Las familias están viviendo dos o tres generaciones en ese lugar, y creo y estoy convencido que esa gente también tiene derecho a un título de propiedad.

Así que esos títulos de propiedad, cuando no se invierte, se vende siete veces a través de la historia, es simplemente un bien de especulación, se piensa en la seguridad y en la posesión de la tierra con fines sociales, y ahora, si esta gente hubiese hecho la mensura hace muchísimos años, hubiese explotado, ese es otro tema.

Yo pongo en discusión el título de propiedad porque no puede haber ni existir un título de propiedad sin mensura. Lo primero que se sabe de un título de propiedad, es los límites, adónde empieza y dónde termina”.

“Fue un pase de factura”

Consumado el hecho de que la mayoría automática con la que cuenta el oficialismo en la Legislatura para aprobar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial, El Comercial se comunicó con el empresario Jorge Bellsolá Ferrer, quien se mostró contrariado por la situación.

“La lectura que le hago de esto, algo personal, es que es un pase de factura política por parte de Insfrán, quien no digirió el hecho que yo haya elegido otra provincia (Salta) para emplazar la planta industrial del emprendimiento forestal que desarrollamos en Formosa”, comenzó diciendo Bellsolá Ferrer.

El empresario expresó que con la decisión del gobierno provincial plasmado en la Legislatura “se corta un proyecto para el Oeste formoseño difícil de entender para quien no haya invertido tiempo y mucho dinero en hacer útil una zona con muy pocos recursos para extraer sin trabajo previo que lleva años y en mi caso fueron 2.500 hectáreas de suelo enriquecido lo que hubo que hacer antes de forestar esa tierra”.

Bellsolá Ferrer se instaló en 1998 en la zona ante el interrogante sobre si existe actualmente proyecto de desarrollo empresarial en la zona, dijo: “en estos momentos hay un proyecto en Gobernación donde explicábamos la intención de concretar 2.000 hectáreas anuales de forestación, porque para sacar un árbol productivo de la zona hacen falta 25 o 30 años”.