El Gobernador Claudio Poggi anunció en conferencia de prensa la promulgación del Decreto Nº 511 – MIS – 2013 por el Estado Sanluiseño declara de utilidad pública especifica y sujeto a expropiación conforme lo dispuesto la Ley General de Expropiaciones Nº V-0128-2004...
El inmueble que alberga el edificio derruido de la Ex Cerámica San José, se encuentra ubicado en la zona oeste de la ciudad de San Luis entre las calles Mendoza, Belgrano y la antigua traza de la Ruta Nacional N° 7. Posee una superficie superior a las dos hectáreas y según el Plano de Mensura Administrativa que se encuentra inscripto en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, se encuentra a nombre de García García Hermanos Sociedad Comercial Colectiva.
la expropiación fue anunciada por el gobernador Poggi en conferencia de prensa
La norma que lleva la firma del gobernador Claudio Poggi y los ministros Federico Tula Barale de Inclusión Social, José María Emer de Hacienda y Obras Publicas y del Secretario General, Néstor Ordoñez, establece que el predio será afectado para la construcción de las obras necesarias para la concreción de un espacio deportivo, recreativo, cultural, social e integrador que promueva el bienestar general, la interacción comunitaria y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. “Esta medida se toma en resguardo de la seguridad, fundamentalmente, y de la calidad de vida de las familias que honestamente viven en ese predio, y de todo el vecindario y de los que transitan diariamente”, expreso el gobernador Poggi en dialogo con los periodistas.
La norma emitida requiere la intervención de la Fiscalía de Estado para el inicio del juicio y su prosecución hasta su total conclusión.
En relación a la medida implementada, Tula Barale, manifestó que “Si en la actualidad alguien estaba cobrando o vendiendo algunos espacios en el edificio de la Ex Cerámica, el mensaje para cada una de las 20 familias es que a partir de este momento eso cesó automáticamente” el Ministro de Inclusión Social explico que el Estado provincial queda a partir de este momento a cargo del predio y de las medidas de seguridad que preserven el interior del mismo y de la paz social de las 20 familias, los vecinos y de quienes transitan por la zona.
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