La pena más dura fue solicitada para el ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería y presidente de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto, Carlos Bortis, para quien la querella pidió cinco años de prisión.

A lo largo del alegato los representantes legales del sindicato de docentes universitarios sostuvieron que en la cadena de responsabilidades sobre la trágica explosión ocurrida el 5 de diciembre de 2007 el primer responsable entre los procesados fue Bortis, quien por entonces estaba a cargo del Decanato por la licencia de Diego Moitre.

Orosz subrayó, en ese sentido, que además de ocupar esa función era el presidente de la Fundación UNRC que firmó el convenio con la empresa multinacional De Smet.

Además, la querella pidió cuatro años de cárcel para José Luis Pincini, ex secretario Técnico de la Universidad; y Sergio Antonelli, ex secretario Técnico de la Facultad de Ingeniería. En tanto, para las responsables del Departamento de Tecnología Química, Miriam Ferrari y Edith Matilde Ducrós, reclamaron una pena de tres años de ejecución condicional.

Al fundamentar la pena, los abogados hicieron hincapié en la falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad de la planta piloto, que nunca se readecuó, pese a las alertas que la SiGeN había planteado a las autoridades de la Universidad en un informe emitido un año antes de que ocurriera la tragedia.

Sobre las condiciones de seguridad, Orosz puntualizó que quedó claro a lo largo del juicio que en la planta piloto “no podían convivir aulas, laboratorios y ensayos con hexano” y que la creación de esa planta piloto fue pensada para que se realizaran allí “experiencias piloto y no del tipo industrial como la que finalmente se desarrolló”.

“Estos ensayos excedían con creces las posibilidades de la planta”, dijo.

“Esta experimentación comenzó en parte por la experiencia que tenía Mattea y su grupo, ¿pero podía comenzar si no existía un absoluto descontrol de las estructuras jerárquicas de la Universidad?”, se preguntó.

Más adelante, la querella recordó que para poner en marcha la experiencia con hexano se utilizó “un atajo”, esto es, firmar un protocolo entre De Smet y la Fundación para hacerlo de una manera más “rápida”. Subrayó, además, que como resultado de los ensayos con hexano a la Universidad le quedó la “modesta suma de 10 mil pesos”.

“Había una serie de obligaciones de funcionarios públicos que por no cumplirlas permitieron que ocurriera la tragedia del 5 de diciembre, en la que perdieran la vida seis personas”, concluyó Orosz tras alegar por más de una hora y media en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba.

Para hoy está previsto que la audiencia comience con los alegatos del fiscal Maximiliano Hairabedián. Según adelantó ayer este medio, se espera que, al igual que la querella, el Ministerio Público también retire la acusación contra la investigadora Liliana Ruetsch y centre su atención en los otros cinco imputados.

Qué pidió la querella

En el alegato de los abogados que representan a la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional, que actúa como querellante en el proceso, se hizo especial hincapié en la responsabilidad de las personas que ocupaban cargos y eran funcionarios en el momento de la tragedia. Por eso no se incluyó entre las acusaciones a Liliana Ruetsch, la única que no tenía entre los procesados un rol en la estructura jerárquica de la casa de altos estudios o de la Facultad de Ingeniería. La ingeniera era integrante del grupo Gidpo, que era el que realizaba los experimentos con hexano.

A su vez, esa línea de argumentación llevó a que los abogados Eugenio Biafore y Claudio Orosz reclamen que se inicie una investigación nueva para determinar la responsabilidad del ex rector Oscar Spada en lo ocurrido el 5 de diciembre de 2007.