- Mamá, tengo miedo.. Me parece que es el edificio de papá.

-No, hija. No creo, habiendo tantos edificios..

Así habló Agustina, de 21 años, con Marcela, su madre, la mañana del 6 de agosto de 2013, cuando las noticias de último momento acaparaban todos los medios de comunicación. Las primeras informaciones referían a la explosión en la esquina de Salta y Oroño, en Rosario. Marcela Nissoria, profesora de educación física, que desde aquel día no pudo volver a trabajar, primero dudó, luego sospechó y, por último, se desesperó en una búsqueda frenética.

La noche del 5 de agosto Marcela y Hugo cenaron juntos. Ellos no estaban conviviendo. "Íbamos y veníamos, nos veíamos todos los días, compartíamos la crianza de nuestra hija, las reuniones familiares", recuerda Marcela. Desde julio Hugo se quejaba por la poca presión de gas que había en el edificio de Salta 2141. "No puedo calentar el agua ni para un mate", había dicho. Hugo trabajaba en un servicio de ambulancias y un compañero le cambió la guardia. Ese cambio de horario hizo que la explosión lo encontrara en el departamento del 8° piso aquel 6 de agosto.

Esa mañana, Hugo Montefusco tenía previsto ir a pagar impuestos. "Los valores que tenía Hugo, la responsabilidad, el amor por su trabajo son los contrarios a los motivos que lo mataron", dice Marcela, que aquel 6 de agosto se alarmó con las llamadas perdidas de su hija en el celular.

Por Internet, en la computadora en la escuela en la que trabajaba, corroboró sus primeras dudas: la explosión era en la cuadra del edificio de su pareja. Se fue de la escuela sin saber que ése sería su último día laboral. Luego llegó la etapa de la búsqueda, que comenzó a las 10 de la mañana. "Andábamos sin norte; te mandaban de un lado para el otro, nos decían que nos iban a dar el listado de los heridos y el listado no llegaba nunca." En esas primeras horas, el desconcierto la hacía dudar si el edificio derrumbado era justamente el que había caído; por eso, caminaron por cuadras paralelas para calcular si el edificio que faltaba era el de Hugo. Hasta que recibieron la peor noticia. Él había caído al vacío.

Marcela, como muchos familiares y amigos, viven a diario el balance fatídico que dejó la explosión: "Hay 22 muertos, miles de afectados con tratamiento psiquiátrico y psicológico, gente con secuelas en el cuerpo, otras personas que han desarrollado enfermedades mortales en este tiempo, que han perdido sus recuerdos, su vida, sus familiares. Y que la Justicia nos dé, de vuelta, esta declaración habla mal de la Justicia."

"Acá no estalló un edificio; acá estalló la corrupción de un país que está atado con alambre. Desgraciadamente perdieron la vida 22 inocentes que apostaban al trabajo, el estudio, la familia... Les quitaron la vida de un modo atroz, terrible", se emociona e indigna.

Los familiares de las víctimas ejercen un reclamo diario que traducen en marchas y reuniones. El tiempo que tienen se lo dedican a esa lucha. "Por la edad que tengo, me toca un rol de encabezar el reclamo porque el colectivo lo conforma gente muy joven o gente muy mayor", cuenta Marcela. Mañana van a tomar la posta los jóvenes: hijos, hermanos y nietos.

Ayer sonaron las sirenas, hubo un minuto de silencio y se escuchó la canción "Honrar la vida". Ahí, donde hace un año había bomberos y voluntarios se montó un gran escenario. Los familiares de los 22 muertos desfilaron uno a uno. Era la hora de los discursos. "Nosotros apuntamos a los funcionarios. Ellos tienen la posibilidad de cambiar las cosas", dice Marcela.

En la causa, hay once personas que están procesadas por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 22 víctimas de la explosión. En diálogo con la radio LT8, la fiscal del caso, Graciela Argüelles, explicó que por el tipo de delito "prevalece el estado de libertad", tal como lo marca el Código Procesal Penal. "Por eso, nosotros hicimos un acampe en los Tribunales para que cumplan con su labor, que es impartir justicia", apuntó Marcela.

US$ 1200 POR METRO CUADRADO

 

En la causa judicial, caratulada como "estrago culposo agravado", hay 11 procesados, pero ningún detenido. Además de matar a 22 personas, la explosión arrasó con tres edificios y provocó serios daños en 283 viviendas y comercios de la zona.Desde fines de 2013, la empresa concesionaria Litoral Gas acordó resarcimientos económicos con casi la mitad de los damnificados. Paga 1200 dólares por m2 a las personas afectadas por el siniestro. La causa aún tiene 25 querellantes que rechazaron la propuesta extrajudicial.