Jorge Adámoli es ingeniero agrónomo y biólogo especialista en ecología regional e impacto ambiental. Es profesor del Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y varias instituciones académicas nacionales. Participó de distintos estudios de impacto ambiental para proyectos productivos y recuperación de áreas afectadas por distintos factores.

A raíz de la audiencia pública realizada la semana pasada en el Congreso de la Nación en contra del uso de agroquímicos, pesticidas, monocultivos, y la condena al Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande, que varias empresas llevan a cabo en el departamento Mercedes, uno de los profesionales que participó en la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto ratificó su aval a la inversión, a la vez que descalificó a los ambientalistas que critican el plan productivo.

Mediante un documento titulado “La verdad sobre los temas ambientales del Proyecto Ayuí Grande”, el ingeniero Jorge Adámoli salió al cruce de los ambientalistas que criticaron durante la última semana de COPRA divulga ratificación de su aval para el proyecto sobre el cauce natural, descalifica ambientalistas y refuta al gabinete nacional.

Adámoli -docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires- participó de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto productivo que pretende incrementar en 16 mil hectáreas de arroz y agricultura, incluidas en el marco de Ayuí Grande, el megaemprendimiento agropecuario llevado a cabo por varias empresas del departamento Mercedes.

La posición del profesional e investigador fue divulgada en respuesta a la iniciativa de diputados que giraron a la Comisión de Intereses Fluviales una solicitud al Estado nacional para que obligue a la administración correntina detener la represa sobre el arroyo Ayuí Grande.

En su carta, Adámoli contrapone a “los efectos negativos” su Plan de Gestión Ambiental: a decir 950.000 dólares “inversión ambiental” a cuatro años con auditoría en manos de la administración en el Gobierno.

En otro fragmento, el docente e investigador defiende su estudio de impacto ambiental, destaca el reconocimiento de especies que hizo del territorio que será afectado, y remarca la planificación de 19 mil hectáreas de conservación. Asimismo, el profesional llama “organización seudo-ambientalista” a las que vigilan el avance del megaemprendimiento, y las acusa de operar sobre una “base en una suma de falsedades".

Al margen de las críticas, hacia el final alude: “El río Iguazú está totalmente regulado por ocho gigantescas represas, pero no hay evidencia de que hayan colapsado sus sistemas ecológicos”.

Además refutó los argumentos de Cancillería señalando que “con respecto a los caudales del río Uruguay, su afectación es imperceptible y, con respecto a una posible contaminación, hay un fortísimo elemento de dilución”.