Villada se pronunció de esta manera, al ser consultado sobre la respuesta que le exige el Poder Judicial, tras un amparo favorable al abogado Gonzalo Guzman Coraita, titular del blog saltatransparente.com y por el cual, el Concejo Deliberante, en la figura de su presidente debe contestar al Poder Judicial si existen no, documentación que respalde la forma en que se manejó esa partida durante la presidencia del concejal Tomás Salvador Rodríguez.

En declaraciones a FM 89.9 Villada señaló que “esos comprobanmtes no figuran en ningún registro del organismo municipal ya que los concejales presentes durante esa gestión a probaron un proyecto que aprobaba el uso de eee monto, sin la generación de comprobantes, bajo el concepto  de gastos reservados”.

Lo que el concejal Villada no consignó es que en junio de 2012 el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 14386 por la que se modificó el artículo 9 de la Ordenanza de Presupuesto del año 2012 y se se dispuso además la implementación de un sistema de administración financiera para el Concejo Deliberante y que hasta tanto ese sistema entre en funcionamiento la Presidencia del Concejo Deliberante podrá ejecutar la sub partida “Subsidios, Subvenciones y Becas Concejo Deliberante”, sin necesidad de rendir cuentas, “debiendo reflejar la ejecución de la misma presupuestaria, contable y financieramente”.

Es decir, que la autorización del cuerpo a la presidencia para no rendir cuentas, no implica que no debía llevarse un registro contable del movimiento del dinero de esa partida.

Al contestar el amparo favorable a Guzmán, Villada acompañó voluminosa documentación (unas mil fojas) en la que, sin embargo, no incluyó  ningún comprobante relacionado a los subsidios otorgados.

Adjuntó sin embargo  cuatro Resoluciones de Presidencia (107/13, 76/13, 58/13 y 52/12) por las que el entonces presidente del Concejo, aprueba 210 disposiciones  del entonces Secretario Administrativo, Daniel Costa.

Las disposiciones fueron supuestamente dictadas por Costa en virtud de una delegación por la que el Secretario podía ejecutar la partida de subsidios. 

Es decir, esas 210 disposiciones serían los instrumentos legales de imputación a la partida Subsidios que se reclaman.

Por ello el jueves pasado el juez del amparo en feria, remitió a al concejal Ricardo Villada un nuevo oficio requriendo que acompañe tales disposiciones.

Con esa finalidad le dio un día de plazo, que venció ayer, pero que los procedimientos judiciales habitualemente extienden hasta las dos primeras horas del día siguiente hábil.

En declaraciones a otros medios ayer, el presidente del Concejo Deliberante dijo que “ el abogado Gonzalo Guzman Coraita está empecinado en encontrar información que en realidad no existe. En parte de la contestación del amparo, el edil dijo también que Guzman quiere amedrentar al cuerpo.