Lo fundamental es que existe consenso para que se legalice el trabajo y las condiciones de infraestructura de los espacios donde funcionan las ferias en el territorio provincial, muchas de ellas lo hacen al aire libre, otras en galpones, pero no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene para quienes concurren a esos sitios.

Las ferias por ejemplo en la Capital salteña generan un movimiento comercial de varios millones de pesos al mes, en su mayor parte operan en la ilegalidad, al no dar facturas a los clientes, tampoco aportan impuestos y sus productos son mayormente de contrabando. Si bien la mayoría son familias de escasos recursos que viven de ese movimiento que se genera fundamentalmente los fines de semana, hay también grandes proveedores que se incorporaron a este negocio ilegal.

Ello ocurre con el caso de las ferias de Santa Cecilia, de Calchaquí, de Solidaridad, de Norte Grande, además de otras como la que se ubica en Palmeritas, en la zona oeste, por citar algunas de las más importantes. También sucede en los pueblos del norte y del sur provincial.

El gobierno pierde ingresos económicos importantes por esta evasión, de allí que el proyecto de Ley será evaluado por el Ejecutivo Provincial tras su presentación, y con la incorporación de algunos agregados se remitirá a la Legislatura Provincial para su tratamiento y aprobación.

En tanto las denominaban ferias de pulgas, ubicadas en el radio del Mercado Municipal, no están tan alejadas de lo que ocurre en las ferias al aire libre o itinerantes, puesto que tampoco otorgan facturas en su mayoría y en el caso de indumentaria, algunos productos del hogar, juguetes, calzados, etc., provienen de la frontera boliviana y por lo general de contrabando.

Ello se puede advertir con el arribo constante de colectivos, trafics o remis que van de compras a San José de Pocitos y Yacuiba o bien a Bermejo. Curiosamente bajan zapatillas embolsadas por docenas, lo propio con la indumentaria, cuando está permitido el ingreso desde Bolivia de productos a un valor de 150 dólares por persona. ¿Quien controla? ¿Cómo es que pasan tales mercaderías?, se preguntan comerciantes legalmente establecidos. La competencia desleal persiste y se mantiene.

Por ello es que surgió este proyecto de ley desde la entidad que nuclea a los comerciantes salteños. Una voz de apoyo la dio la Secretaria Comercial y Participación Ciudadana, Cristina Fiore, quien señaló que "estamos de acuerdo y tendrán todo nuestro apoyo para que se legalicen a los feriantes. Ellos además de cumplir con ser comerciantes autorizados, deben tener en cuenta que los lugares tienen que brindar las condiciones mínimas de seguridad"..