El Frente Ciudadano que se armó en La Pampa a partir de la reaparición de Cristina en la escena política juntó unas 800 firmas para pedirle al gobernador pampeano que actúe del mismo modo en que lo hicieron otros gobernadores o intendentes, que encontraron éxito en el Poder Judicial.
El Frente Ciudadano de La Pampa le presentó al gobernador Carlos Verna, y extendió a los legisladores nacionales que representan a nuestra provincia, un petitorio para que la Provincia respaldo formalmente el recurso de amparo en contra del tarifazo del gas.
La aspiración es que Verna actúe como lo han hecho otros gobernadores e intendentes, que representante a toda la comunidad plantearon ante la Justicia Federal la ilegalidad y la desproporción del tarifazo dispuesto por el gobierno nacional.
Esos recursos, además, tuvieron éxito, ya que en varios casos el Poder Judicial dispuso que no se aplicara la medida a partir de serios vicios que demuestran su ilegitimidad.
En La Pampa, Verna ha tomado distancia de esa estrategia y prefiere la negociación en el máximo nivel: esa maniobra ha permitido que Nación establezca un “tope” en el aumento de entre el 400 y el 500 por ciento.
Pero ese porcentaje tampoco conforma a vecinos y referentes del Frente Ciudadano.
Mario Calafat, integrante de ese espacio en La Pampa, confirmó que se juntaron “unas 800 o 900 firmas de los vecinos pidiendo al gobernador y a los legisladores nacionales que instrumenten lo necesario para dejar sin efecto el aumento inconcebible”.
El pedido está atado al recurso que ya presentó por su cuenta el abogado Ricardo Víctro Cheli, hace un par de semanas. “No se puede negociar un tope del 500%. El aumento es ilegal porque no hubo audiencia pública y el consumidor de lo que es un monopolio, porque no se puede cambiar de proveedor, no participó en la decisión”, dijo Calafat.
“El objetivo es en principio que se reclame en la Justicia, además de la negociación. Como hizo la intendenta de La Matanza -comparó- que logró que se frenaran los tarifazos y vuelva todo a fojas cero, para hacer que los tarifazos se vuelvan a discutir. No hay que negociar un aumento, porque (el gas) no es un producto que se pueda comprar en otro lado. Hay que volver a fojas cero”, insistió Calafat en Radio Kermés 106.1.
Añadió que en el Frente Ciudadano “analizamos estas medidas continuamente; hay un ahogo de todos lados”.
El gobernador en su momento advirtió que la pelea judicial contra el tarifazo en el gas puede terminar mal, pese a que en primera instancia haya fallos favorables a los usuarios: según su interpretación, el tema terminará en la Corte Suprema de Justicia. Además, adelantó su criterio de que “las chances están a favor del Gobierno Nacional”.
Por eso mismo insistió en la necesidad de que haya diálogo político para modificar los abusos. Aseveró que Nación improvisó en el tema. Algunos gobernadores avalaron el reclamo que hicieron distintos organismos a nivel judicial en contra de los tarifazos. Esos planteos encontraron fallos favorables por parte de algunos magistrados. Pero el jefe del Ejecutivo pampeano cree que a medida que avancen hacia otras instancias la respuesta judicial no será la misma.
Verna, además, lamentó sobre todo la situación de los vecinos comunes. Consideró que las empresas tienen recursos para hacer frente a algunos excesos, pero los ciudadanos se topan con un problema mayor.
En todo momento Verna se mostró cauto sobre la posible presentación de medidas cautelares para evitar la aplicación inmediata de los aumentos, a los que -por otro lado- volvió a tildar como “poco estudiados: si en una reunión bajaron de 1.600 a 400% es porque no tenían muchos argumentos”.
De todas maneras, explicó que “el problema del recurso de amparo es que posiblemente los jueces de primera instancia lo otorguen, después hay que ver qué pasa con las Cámaras cuando el recurso vaya, porque el Gobierno Nacional adelantó que va a defenderse y finalmente la instancia va a terminar en la Corte. Y en realidad lo que está declarado servicio público es el transporte y la distribución del gas natural, pero el valor del gas en boca de pozo es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual creo que va a ser muy difícil resolverlo favorablemente en la Corte”.
En esta hipótesis remarcó que el ahorro que se produzca mientras dure la medida cautelar se transformará en una carga muy difícil de afrontar luego. “Un hotelero que paga 10.000 pesos por mes y ahora tiene que pagar 60.000 va a seguir pagando 10.000, pero a los cuatro meses cuando caiga el recurso cautelar tendrá que juntar 200.000. Habrá que analizarlo bien, será una decisión que tengan que tomar las cámaras, si están de acuerdo participaremos en la presentación, pero hay que tener en cuenta que cuando esto se revierta les van a cobrar todo junto y de una sola vez. Y creo que las chances están a favor del Gobierno Nacional”.

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