La actividad minera significa el movimiento de grandes cantidades de dinero, al margen de los cuestionamientos ambientales. Por eso, y sin meterse con las sustancias químicas prohibidas que detalla la ley 7.722, la Federación Económica de Mendoza (FEM) convocó a las cámaras empresarias y sindicatos involucrados en la actividad para pedir que los legisladores aprueben un proyecto de ley que compromete a las empresas mineras a contratar mano de obra y servicios locales.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados en setiembre del año pasado y obliga a las empresas mineras internacionales a que 75 por ciento de la mano de obra que contraten sea mendocina. Además, establece que a la hora de llamar a licitación para algún servicio los empresarios locales tengan prioridad. Por último, contempla la suba en un punto de las regalías que paga el sector, que son de 3 por ciento.

Para Marcos Zandomeni, vicepresidente de la FEM, es necesario que se apruebe esta norma, porque entiende que ayudaría a reactivar la economía. Y dijo que la exigencia de contratar servicios y mano de obra local se podría poner en marcha, por ejemplo, en el proyecto Potasio Río Colorado de la firma brasileña Vale, que es el único que en Mendoza tiene aprobación para comenzar a funcionar, y cuya inversión inicial es de 3.500 millones de dólares.

También apoyaron el pedido para que los legisladores trataran y aprobaran el proyecto los representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), el sindicato de petroleros, el gremio de camioneros, la Asociación Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) y la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), entre otros.

Roberto Zenobi, de Camem, argumentó que el proyecto traerá diversos beneficios para la provincia, gracias al pago de los impuestos en la etapa de exploración, por ejemplo, el canon de exploración de cateos, de minas y el uso de agua, entre otros. También agregó que en la etapa de exploración se les realizan retención a las exportaciones y pago de regalías.

En total, considerando impuestos directos e indirectos, se paga 52 por ciento del total de dinero involucrado en la actividad minera.

El integrante de Camem aseguró que se abonan impuestos al Estado nacional, provincial y municipal y que queda 10 por ciento de rentabilidad para la empresa.

También nombró un abanico de proveedores que se ve beneficiado, desde constructoras hasta la obra social para los empleados o los explosivos.

En cuanto a los cuestionamientos que hacen a las mineras diversos grupos ambientalistas, Zenobi explicó que existen estudios para chequear la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, de los suelos, y para evaluación de la flora y fauna, entre otros.

Por último, pidió a las personas que tienen dudas sobre estos controles que se acercaran y participaran en los todos estos procesos.

Las organizaciones, en estado de alerta

Ante la manifestación pública del Ejecutivo de querer reactivar la minería en territorio provincial, varias organizaciones ambientalistas y sociales expresaron su repudio contra esta idea y aseguraron que permanecen en guardia y en estado de asamblea permanente ante las intenciones del Gobierno.

El tema minero volvió a escena cuando asumió la nueva directora del área, Adriana Blesa, y declaró que la ley –conocida como antiminera– se sancionó en la gestión anterior por “necesidades políticas” y que la población se niega a la instalación de esta industria por desconocimiento.

Además, los ambientalistas denunciaron que el legislador oficialista Miguel Serralta presentó un proyecto para cambiar la ley 7.722, conocida como Antiminera, que prohíbe la utilización de un grupo de sustancias para el desarrollo de esta industria.

Desde la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, Paula Ferreyra comentó que no creen que el Ejecutivo realmente controle que las empresas mineras no utilicen estas sustancias químicas prohibidas. Indicó que la detección de mercurio en los cauces de riego reveló la “incapacidad del Gobierno de detectar esta sustancia a tiempo.

María Eugenia Segura, vecina de Uspallata –donde una firma minera impulsa la realización de un proyecto–, comentó que ya existen inconvenientes en la localidad, porque las familias se dividen a favor y en contra de que se ponga en marcha la iniciativa. “Ellos utilizan el caballito de batalla de empleos y salarios, pero nosotros no queremos la explotación minera a cielo abierto, por ser contaminante”, dijo Segura. Finalmente, declararon que permanecerán alerta. Varias organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas, comparten esta postura.

Roberto Zenobi, de la Cámara de Empresarios de la Minería, convocó e invitó a los asambleístas y a la población en general para discutir sobre distintos aspectos de la industria./F.L.

El cianuro en otras actividades

Roberto Zenobi, de la Cámara de Mineros, afirmó que la actividad es lícita pero limitada, debido a que la ley prohíbe la utilización de sustancias que, según él, son cotidianas. Puso como ejemplo que los agroquímicos que se utilizan contaminan el agua, y los siguen usando.