Se trata de un leading case para la administración de Macri porque el mundo está mirando muy de cerca -y en especial Estados Unidos- como se comporta con la corrupción. Argentina junto a un país africano y Venezuela eran los únicos que no habían dado de baja a la multinacional brasileña, en las obras públicas sospechadas de corrupción.

Macri, cuando se destapó el caso de las transferencia a su jefe de inteligencia Gustavo Arribas, lo vivió como un mensaje mafioso y ordenó una ofensiva que inicialmente lideraron el ministro de Justicia, Germán Garavano y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que terminó siendo funcional a Odebrecht.

 

 

 

La idea ampliamente difundida por Alonso, de firmar desde su Secretaría de Estado un acuerdo de impunidad a cambio de confesión de ilícitos, al estilo de la delación premiada de Brasil o los acuerdos de "Inmunity" de Estados Unidos, como anticipó LPO, es en el sistema argentino sencillamente ilegal.

 

 

 

La confusión surge porque en Estados Unidos el procurador concentra la defensa legal, civil y penal del Estado y además controla el FBI. Es una suerte de súper ministro de Justicia, nombrado por el presidente.

En Argentina esa función está fragmentada: El procurador General -Alejandra Gils Carbó- es cabeza de un órgano extrapoder desde la reforma constitucional de 1994, que concentra la defensa penal del Estado y manda a los fiscales. Mientras que las funciones civiles y administrativas están en cabeza del procurador del Tesoro, ahora en manos del salteño Bernardo Saravia Frías, un funcionario nombrado por el Presidente.

 

 

 

Por eso, luego que Alonso organizara la primer reunión con los ejecutivos de Odebrecht, el tema fue perdiendo impulso en silencio. Gente que la quiere bien, le explicó a la ex Poder Ciudadano que estaba usurpando funciones judiciales y si llegaba a firmar algún acuerdo de inmunidad lo más probable es que ella terminara presa.

 

 

 

Los abogados de Odebrecht liderados por Guido Santiago Tawil acompañaban con alegría los esfuerzos de Alonso, conscientes que el destino más probable era un callejón sin salida. Misma estrategia que este abogado instrumentó con éxito en el caso de las coimas de IBM, que terminó con el Estado a la defensiva, afrontando una demanda de u$s 500 millones de dólares de la multinacional norteamericana por incumplimiento de contrato, que sigue abierta.

Alertados de estos riesgos, el gobierno modificó la estrategia y presionó a sus diputados para que sacaran una ley que le diera "marco legal" a la jugada poniendo la negociación en cabeza de Saravia Frías. De esa manera, Macri -creía- se aseguraba de controlar el proceso de delación. El problema es que esto también es ilegal y por eso no pasó el filtro del Congreso y se cayó el famoso artículo 37, pese a las presiones de la Casa Rosada. Lo notable es que el propio "beneficiado" era el más alarmado con la norma y así se lo hizo saber a los diputados oficialistas.

 

 

 

Reencauzar la estrategia

 

 

 

Saravia Frías, de familia radical alvearista, es un sólido abogado corporativo que entendió enseguida que asumir esa función penal lo ponía de inmediato en la mira de los jueces federales, para nada contentos con la posibilidad de que el Ejecutivo usurpara sus funciones.

 

 

 

Como casi todo lo que ocurre en la Argentina, la desesperación por mostrar un "cambio", impide ver las posibilidades del sistema actual, que es mucho menos malo de lo que parece. Eso es lo que explicó con paciencia el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, apoyando la postura del procurador del Tesoro.

 

 

 

Es decir, es mucho lo que se puede hacer desde el Estado con las normas actuales y no se había explorado.

 

 

 

La nueva estrategia implica construir casos civiles al interior del Estados sobre los sobreprecios pagados a Odebrecht, que luego pueden derivar en denuncias penales que realice el procurador del Tesoro.

La sucesión de fracasos permitió al procurador del Tesoro fijar la nueva línea: La persecución penal volvía a donde corresponde, la justicia federal y el Poder Ejecutivo ahí no tenía mucho para hacer, como quedó claro en los viajes de Garavano a Estados Unidos a buscar información que nunca le dieron.

 

 

 

Pero el Estado si podía, por ejemplo, dar de baja a Odebrecht del registro de contratistas de obra pública, un golpe demoledor para las finanzas de la multinacional, que pretende pagar las multas con lo que cobra de nuevos contratos y encima reducirlas a lo que ellos dicen que pagaron de coimas.

 

 

 

Los brasileños confesaron pagar coimas por u$s 35 millones, cuando en el mercado se sabe que en rigor fueron por un mínimo de u$s 500 millones, que es el 10 por ciento de los contratos que les dio el kirchnerismo.

 

 

 

Sacarlos de los contratos del Estado pone una enorme presión financiera sobre los brasileños, con la idea de obligarlos a negociar con mayores dosis de buena fe. Odebrecht entendió el mensaje y tuvo el buen gusto de retirar a Towil de la primera línea de las negociaciones.

 

 

 

Lo segundo, es empezar a construir los casos civiles. La procuración y la Sigen si tienen competencias para investigar al interior del Estado lo que sucedió con esos contratos. Son tres casos: Soterramiento del Sarmiento, Planta de agua de Tigre y gasoductos, este último donde los sobreprecios y coimas llegaron a niveles siderales, como bien sabe el administrador de Nación Fideicomiso, Marcelo Blanco, que fue uno de los primeros funcionarios que se animó a denunciarlos.

 

 

 

Una vez que esos casos estén construidos el procurador del Tesoro si puede denunciarlos ante la justicia y en consecuencia ser parte del proceso.

 

 

 

Con estos instrumentos, en el Gobierno entienden que ahora sí tienen elementos para explicarle a Odebrecht que si quiere volver a operar algún día en la Argentina, deberá sentarse a negociar no ya inmunidad -imposible de otorgarle desde el Poder Ejecutivo- sino los términos de una multa más sincronizada con la realidad de las coimas que pagó, además de entregar información sobre los coimeros.