La novedad sorprendió a las entidades profesionales, porque pone en riesgo la vigencia de una ley que lleva más de 30 años y viene siendo ratificada no solo a través de los poderes legislativo y ejecutivo bonaerenses, sino que cuenta con fallos de primera y segunda instancia y una resolución de unánime de la Corte provincial rechazando los planteos de la empresa que busca imponer el modelo de Farmacia Shopping.

  Atilio Vilani, presidente del Colegio de Farmacéuticos a nivel local, manifestó que “la Ley 10.606 tiene como objetivo la distribución racional de farmacias, el acceso eficiente al medicamento. También regula la propiedad de la farmacia, es decir que tiene que tener un farmacéutico que la represente y que asuma las responsabilidades. Si entendemos que las farmacias son centros de salud y el farmacéutico es el agente de salud, que el medicamento es un bien social que no tiene que estar regulado por el mercado y que la responsabilidad del Estado es garantizar el derecho social a la salud y colocar la necesidad de la población por encima de cualquier interés comercial o económico, no hace falta agregar nada más. Esta ley es la que se quiere modificar, todo está más que claro”.

“Si queremos otra cuestión, que se desregule, que modifiquen la ley. Esto haría que las pequeñas ciudades se queden sin farmacias, desaparecen las farmacias de barrio, porque el interés económico haría que estos comercios se ubiquen sólo en lugares estratégicos. La instalación de una cadena perjudicaría no sólo al farmacéutico sino también a la población en general, porque no podría tener el acceso al medicamento como hoy. Hoy ya no puede haber más farmacias en el centro, tienen que estar en la periferia y es lo ideal que se extienda, igual que en los pueblos. Si esto pasa no va a haber vuelta atrás”, expresó el farmacéutico.

Acciones judiciales. Farmacity ha iniciado una acción judicial en el 2012 para ingresar a la provincia y ha perdido en tres instancias. En el Contencioso Administrativo, en la Cámara de Apelaciones de La Plata y luego con un pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. El Máximo Tribunal le ha dicho que la ley está vigente y es constitucional.

Al respecto, Reinoso explicó que “este problema comenzó hace unos cuantos años cuando la cadena decide instalarse en la Provincia, incumpliendo los parámetros que establece nuestra ley sanitaria. Para poder instalar una farmacia en provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, el Ministerio de Salud establece que se puede hacer en localidades que tengan más de 3000 habitantes y con una distancia mínima, entre las farmacias, de 300 metros con una distribución homogénea para que todos tengan acceso a los medicamentos. No se permite la instalación de sociedades que son, por excelencia, comerciales, como las sociedades anónimas, debido a que, en la Provincia, el servicio es de utilidad pública”.