La denuncia de la madre de Plaza de Mayo, Adelina de Alaye, realizada en la última audiencia del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, contra 21 médicos de la morgue platense por su responsabilidad en el encubrimiento de esos delitos, tuvo su primer impacto en la UNLP debido a que en el listado aparece el vicedecano de la facultad de Medicina, Enrique Pérez Albizu. La denuncia fue tomada por la Federación Universitaria (FULP) para solicitar una urgente reunión del Consejo Superior que trate un pedido de remoción del profesional.

La carta, que lleva la firma de la Presidenta de la FULP, Clara Condenanza, y tiene como remitente a Fernando Tauber, plantea la preocupación por la permanencia en la facultad del cirujano a quien se le atribuye “vinculación con los crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar que se llevo la vida de más de 30 mil compañeros y compañeras, muchos de ellos, estudiantes de nuestra universidad”.

En el caso de Pérez Albizu, la madre de Plaza de Mayo lo acusa de haber firmado tres certificados de defunción de personas anotados en la morgue policial de La Plata como "NN", muertos por "destrucción de masa encefálica por herida de proyectil arma de fuego". Esos certificados, según el testimonio, llevan la firma del actual vicedecano de Medicina como médico examinador de los cadáveres. La Madre explicó que esos asesinatos forman parte de "falsos enfrentamientos", figura con que la dictadura escondía los fusilamientos de detenidos desaparecidos.

La información aportada por Alaye develó que 21 médicos firmaron 227 defunciones de NN entre 1976 y 1978. Uno de ellos es el que denunciarán. Y destacó que cuando el muerto era perseguido político no se realizaba autopsia y además se registraba la "intervención del área 113 del Ejército" y se los catalogaba "de puño y letra de los médicos, como 'SUB' (en alusión a subversivo)".

El pedido. “Creo que la denuncia que acercamos debe ser considerada con urgencia por las autoridades y el Consejo Superior, porque el compromiso que hemos tomado con la reconstrucción de una democracia basada en la memoria, la verdad y la justicia como pilares, ha sido tal que se ha plasmado en nuestro Estatuto, con la incorporación en la reforma del año 2008, de un párrafo que expresamente sostiene que no podrán incorporarse y/o permanecer en la UNLP, en cualquier desempeño, aquellas personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado”, plantea la presidenta de la FULP en su nota a Tauber.

Según explicaron desde la UNLP, el camino para avanzar con la destitución de un funcionario como el vicedecano es el del Juicio Académico, que debe ser aprobado previamente por el Consejo Superior. Cualquiera de los consejeros puede pedirlo, y ese el camino que pretende iniciar la FULP.

Respecto de las pruebas aportadas contra Pérez Albizu por Alaye, Condenanza explicó que “es contundente y difícil de negar que uno de los médicos que surgen de las pruebas sea el Dr. Enrique Pérez Albizú, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, quien habría colaborado directamente con el terrorismo de Estado y abonado a la terrible categoría con la que la dictadura rego de sangre el país, los desaparecidos, firmando los certificados NN con los que los asesinos se deshacían de los cuerpos”.

“Después de un gran debate con mi claustro, hemos decidido solicitarle a usted como presidente de nuestra universidad, la remoción inmediata del cargo”, cierra la dirigente estudiantil.

En otro tramo, la dirigente vincula el supuesto antecedente de Pérez Albizu con las políticas que lleva adelante la agrupación que el médico integra y conduce la facultad. “Rozan el fascismo, y eso tiene una explicación que para nuestro gremio es muy simple, en Medicina el fascismo desempeña cargos de decisión política”, dice.

“Los centros de estudiantes que se reúnen en la FULP solicitamos que en forma urgente se convoque a un consejo superior donde podamos hacer visible esta situación y decidir en conjunto con la comunidad universitaria la remoción del cargo de Enrique Pérez Albizu”, insiste la carta, y manifiesta sentir “vergüenza e indignación de pensar que alguien vinculado al genocidio que se llevo adelante en nuestro país pueda convivir en nuestras aulas, y estamos convencidos que permitirlo es degradar y deconstruir los valores democráticos que tanto nos costaron recuperar como pueblo”.

Cierra con un tramo del testimonio de Adelina Alaye: “Faltan ellos, los médicos de la morgue policial de la Provincia de Buenos Aires. Yo los acuso, y quiero verlos aquí sentados”, dijo la madre del desaparecido Carlos Esteban Alaye. “Nosotros también”, agrega la presidenta de la FULP.