El viernes fue la detención del padre de la jueza María José Sarmiento por supuesta violación a los derechos humanos en Misiones durante la última dictadura militar. El hecho dejó toda la sensación de ser más un apurado ajuste de cuentas judicial por fallos recientes de la jueza que perjudicaron al Gobierno que el resultado de una investigación paciente.

Las presiones a los jueces que deben pronunciarse sobre causas que complican al Gobierno van convirtiéndose en una costumbre. Antes, la Presidenta había hablado en público del noviazgo de dos jueces (dato provisto por los servicios de inteligencia del Estado), como si se tratara de un delito. Y a la misma jueza Sarmiento se le había enviado un patrullero a la puerta de su casa en otra clara señal de amedrentamiento.

La consecuencia inmediata de estos abusos son el rechazo de los integrantes de la Justicia y el aumento del malhumor social, que evidencian la mayoría de los sondeos de opinión ciudadana.