Mauricio Macri no está dispuesto a cumplir el decreto de Cristina que devuelve a las provincias el 15% de los fondos de Anses y el 1,9% de la AFIP, a partir deun fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a un reclamo de San Luis, Córdoba y Santa Fe.

En el equipo jurídico de Cambiemos pedirán la inconstitucionalidad del decreto presidencial, por considerar que el artículo 93 de la Constitución limita la firma de decretos a “circunstancias excepcionales”, que no se detectan en ese caso.

O sea, consideran que si bien el Gobierno está obligado a cumplir con los reclamos de las tres provincias demandantes, para ampliarlo al resto necesita de una ley.

La diferencia no es menor: cumplir con las tres provincias demandaría unos 16 mil millones de pesos, mientras que con el resto el Anses perdería entre 90 y 100 mil.

No sólo estarían en riesgo las jubilaciones sino la ayuda social financiada por Anses en programas como Procrear o la entrega de notebooks en los colegios.

Con el fallo de la Corte, que demoró cinco años en resolver el planteo, los gobernadores del resto de las provincias pensaban en exigir la devolución, pero cada trámite jurídico podría durar meses.

El decreto les facilita ese trámite y tal vez no sea casual que Cristina lo haya firmadoel mismo día que recibió a los gobernadores del PJ y les impuso a Ricardo Echegaray en la AGN y a Héctor Recalde en la jefatura del bloque de Diputados.

El caso Badaro

En la Justicia ya comparaban a los gobernadores con los jubilados que durante la última década reclamaron el aumento de sus haberes en función del fallo Badaro, que reconoció una baja injustificada tras la devaluación de 2002.

Cristina dispuso una ley de movilidad jubilatoria pero no la adaptó a ese fallo y por eso el Anses libra una batalla jurídica permanente. Con la tranquilidad de tener los días contados, Cristina no quiso hacer lo mismo con el fallo sobre la cooparticipación y firmó el mejor decreto que podían esperar los gobernadores.

Aunque cueste empezar con el pie izquierdo su vínculo con los gobernadores, Macri tiene decidido pedir la inconstitucionalidad del fallo ni bien entre en funciones, antes de asumir un compromiso que ponga el riesgo el pago de jubilaciones.

Sus abogados evalúan si conviene un decreto para anular el anterior o ir directamente a Tribunales. De todos modos, la pelea puede recaer en el Congreso, donde los DNU deben tratarse en la bicameral de trámite parlamentario.

Como todas las bicamerales, sus 16 miembros se reparten en partes iguales por cada Cámara, en proporción a la composición e los bloques. El Frente para la Victoria buscará quedarse con la mayoría e impedirle a Macri gobernar por decreto.

Macri sólo puede frenarlo con una mayoría en Diputados, con aliados del massismo y otras fuerzas, que le permitan llegar a la mayoría. Por eso estos días sus operadores llamaron a todos los bloques menores pidiendo ayuda.