Más de 130 millones de pesos anuales es el monto estimado que demandará al erario los 2.600 nuevos empleados públicos que el Gobierno quiere incorporar, luego de la contratación masiva que decidió el gobernador Brizuela del Moral en plena campaña electoral. El cálculo es el que manejan miembros de la oposición en Diputados, en donde se analiza el pedido de ampliación presupuestaria para incluir a los nuevos agentes, sobre la base de las categorías propuestas y el número de nuevos trabajadores en distintas áreas de la Administración.

Aunque el ministro de Hacienda, Mamerto Acuña, defendió la medida y aseguró a medios locales que no habrá un aumento del costo salarial, pues se trata de empleados que ya están trabajando, el grueso corresponde a modalidades de becas y contratos temporarios, con una paga reducida y sin prestaciones, que al pasar al contrato de servicio recibirán más remuneración, además de las cargas familiares y sociales que deberá erogar el Estado provincial.

En este marco, los diputados peronistas Juan Cruz Miranda y Silvia Moreta coincidieron en expresar dudas sobre que la nómina enviada por el Ejecutivo con los nuevos empleados, ya que temen que una porción significativa sean contrataciones de último momento.

Miranda recordó que la Legislatura aprobó en el Presupuesto 2011 el pase a planta permanente de más de 1.800 agentes contratados, a los que se sumaban 232 contratos de locación de servicio más. "Ahora el Gobernador quiere meter 2.600 empleados más. Es una locura y no tiene autorización para hacer algo así", analizó.

El legislador, no obstante, reconoció la necesidad de eliminar las modalidades precarias de trabajo en la Administración Pública Provincial, como las becas, pero consideró que una decisión política como la de la contratación debería ser evaluada por la próxima gestión.

"No estamos diciendo que no a los contratos, pero no debe ser una facultad de este gobernador. La gobernadora va a atender la situación, sin esquivarla, pero según su metodología", agregó.

La oposición legislativa espera información que requirió al Ejecutivo por este tema, para determinar qué agentes estaban trabajando.