Esteban Rodríguez aseguró que “es importante avanzar en el reproche hacia los magistrados que no investigan o delegan las investigaciones”

Esteban Rodríguez aseguró que “es importante avanzar en el reproche hacia los magistrados que no investigan o delegan las investigaciones”

El integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y del CIAJ, destacó la intervención del vicegobernador Gabriel Mariotto en torno a las investigaciones por el caso Luciano Arruga: el titular de la Cámara Alta solicitó que “siga adelante” el jury contra las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas. Además, se refirió al debate por el nuevo Código Procesal Penal.

“Me parece que importante iniciar un jury a los jueces que desviaron la investigación o que negaron habeas corpus porque en la Argentina son prácticas que nos retrotraen a la dictadura cívico-militar y dan cuenta de que hay determinadas rutinas que todavía no se han puesto en tela de juicio”, dijo Esteba Rodríguez, integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), al referirse al pedido del vicegobernador, Gabriel Mariotto, para que la Justicia avance en los enjuiciamientos a los funcionarios judiciales que actuaron en el caso de Luciano Arruga.

En la última sesión del Senado provincial, la semana pasada, el titular de la Cámara alta pronunció sus deseos de que “siga adelante” el jury contra las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas, y el juez de Garantías Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza, acusados de entorpecer las investigaciones en el caso.

En la misma línea, planteó que “es importante avanzar en el reproche hacia los magistrados que no investigan, que delegan las investigaciones a la policía o las desvían, pero también es cierto que difícilmente se va a resolver el problema con un jury a un juez, de la misma manera que tampoco se va a resolver la violencia institucional apartando a un policía que cometió un delito”.

“No estamos hablando de errores ni de excesos, estamos hablando de rutinas institucionales que no se van a desandar retirando la manzana podrida, sino que hay que poner en crisis esas prácticas más o menos informales”, añadió.

También sostuvo que “el caso de Luciano Arruga resume la violencia institucional que involucra no solamente a las policías, sino que también aglutina la desidia de muchas sectores del Estado y la corporación médica. Es un caso que arroja luz sobre las distintas formas que asume la violencia institucional en la Argentina”.

Asimismo, detalló que “hay 200 jóvenes desaparecidos en democracia desde el ’83, y en su mayoría son jóvenes de los sectores más pobres, justamente desde los sectores que tienen menos recursos para pelear por sus derechos y las rutinas policiales tiene por objeto casi siempre a los mismos sectores sociales, jóvenes pobres y morochos”

“No hay maldita policía sin maldito Poder Judicial. La policía es una institución que ha sido descontrolada porque no hay organismos autónomos que tengan facultades de contralor sobre la policía, a lo que se le suma que la justicia delega las investigaciones a los cuerpos policiales”, sintetizó.

Por otro lado, analizó el debate por el nuevo Código Procesal Penal de la Nación y remarcó que “si bien es una reforma que plantea cuestiones pendientes, el proyecto se discute en un contexto electoral, en donde la seguridad se toma como política, entonces se promete más policías a cambio de votos, y esta reforma no está exenta a esto”.

Dijo, a su vez, que “estamos debatiendo sobre artículos que presuponen un grave retroceso respecto de lo que se ha avanzado en los últimos años, porque el de migraciones era un tema más administrativo que judicial y ahora otra vez nuevamente se propone rejudicializar al inmigrante”.

“Algunos artículos pueden ser utilizados para continuar judicializando la protesta, poniendo en caja a los inmigrantes, quienes han sido protagonistas de protestas sociales que han tenido repercusión pública como la toma de Villa Lugano, pero que se ven presionados a actuar así por no poder pagar un alquiler”, expresó.

Por último, añadió que “no se puede decir que ha aumentado el delito dirigido por extranjeros porque de la misma manera debía haber aumentado el 6 por ciento de presos extranjeros que hay en el país, además de que la mayoría de estos tienen residencia”.

“La seguridad es un tema que está en las tapas de los diarios, y si hay que encontrar una respuesta a ese problema, qué mejor que una respuesta que abreva los sentidos comunes, en esos lugares cargados de prejuicios sociales donde el inmigrante no solamente viene a sacar el trabajo a los argentinos, sino también a practicar el delito, algo imaginario para ver al inmigrante como peligroso“, finalizó.

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