Desde hace varios días esa presentación está en proceso de corrección: el Estudio Badeni es el que lleva los papeles, contratado por el gobierno que encabeza Oscar Mario Jorge.

El Gobierno Provincial agita la presentación de la demanda desde el año pasado, antes de las elecciones de octubre, cuando Jorge difundió su idea de elegir ese camino tras interpretar como fracasada la vía diplomática.

Los detalles de la demanda se mantienen en reserva, pero, en principio, estaría descartado que los reclamos alcancen al Gobierno Nacional.

Mientras tanto, el Ejecutivo pampeano tiene la posibilidad de hacer pesar sus planteos en una demanda ya avanzada, que está en el máximo organismo judicial: a raíz de la presentación de un particular, el abogado Miguel Palazzani, la Corte decidió intervenir en el hecho, formuló interrogantes a las partes y abrió el expediente a que cada involucrado formulara las peticiones que considerara oportunas.

En las últimas semanas, la Fundación Chadileuvú interpretó que el Gobierno debía “poner toda la carne en el asador” justamente en ese expediente y cuestionó al oficialismo porque lucía en soledad frente a la batalla judicial.

A partir de la demanda por daño ambiental presentada por Palazzani, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez, la Corte firmó, a principios de febrero pasado, un histórico fallo: definió que tramitará su competencia originaria (es decir que se abocará a definir la problemática judicial sin más trámite) y emplazó a las provincias de Mendoza y La Pampa y al Estado nacional a que den explicaciones sobre el asunto.

El fallo declara que la Corte va a tramitar la causa en su competencia originaria. Corre traslado por 60 días a Mendoza para que conteste sobre la demanda que apunta al daño ambiental generado por la provincia cuyana al cortar el río. También se cita para que comparezcan al Estado nacional y a la provincia de La Pampa, en el mismo plazo de tiempo. Incluso, deja abierta la puerta para que La Pampa se pueda llegar a sumar a la demanda iniciada por los letrados.

Mendoza, La Pampa y el Estado nacional tendrán que informar sobre numerosas cuestiones que hacen a la realización de las obras, el financiamiento de esos emprendimientos, la celebración de convenios entre provincias y el financiamiento por parte del Estado federal respecto de soluciones concretas y específicas para que el río Atuel corra por la provincia de La Pampa.