El viernes de la semana pasada, en el Salón de Eventos de la Cooperativa Eléctrica, la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del Partido de Luján realizó una charla vinculada a fumigaciones y agroquímicos.

El orador principal fue el ingeniero forestal Claudio Lowy, un especialista en la materia que desde hace más de dos años encabeza el reclamo a favor del cambio de metodología de los productos que se utilizan en los campos.

La actividad, que contó con la participación de un gran número de vecinos, no despertó la atención de ningún integrante del Concejo Deliberante. Todos los ediles faltaron a la cita a pesar de haber sido especialmente invitados y de aprobar, en la sesión pasada, una resolución a favor del planteo efectuado por Lowy. Por otra parte, los legisladores tratarán mañana una ordenanza vinculada a la problemática.

El invitado relató la lucha mediante la cual se busca que el Ministerio de Agricultura modifique la forma de clasificar los agroquímicos. Actualmente se utiliza la metodología conocida como Dosis Letal Aguda 50% (DL50). En síntesis, para Lowy la clasificación es falsa porque “subvalora la toxicidad de los productos” al no contemplar los daños subletales y los crónicos por repetición.

A pesar de contar con el respaldo de 10 mil firmas ciudadanas y de varias huelgas de hambre, el Ministerio mantiene su indiferencia: “El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, es de Chacabuco, tiene un hijo epiléptico. Se acuerdan de la frase ‘la guerra es un buen negocio, invierta a su hijo’. Acá es ‘la soja transgénica es un buen negocio, invierta la salud de sus hijos’. No se puede creer. En Chacabuco, uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires donde se fumigan 800 mil litros de pesticidas, hay 32 toneladas de envases de pesticidas por año que no saben qué hacer. Son residuos peligrosos”.

Lowy enumeró muchas situaciones de connivencia que involucran a organismos del Estado, grandes empresas y organizaciones que nuclean a sectores agropecuarios concentrados. Por ejemplo se refirió a la mesa de trabajo convocada por el gobierno bonaerense para modificar la ley que regula las fumigaciones en toda la provincia, donde aparecen nombres como la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), pero están ausentes aquellas voces críticas al actual modelo agropecuario.

A su vez, el ingeniero explicó que hasta 2009, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con incumbencia en estos temas, contaba con un consejo de gestión encabezado por la Sociedad Rural y las cámaras de productores de pesticidas. En cambio, en ese ámbito no había ningún profesional de la salud.

ANTECEDENTES

Lowy habló de distintos antecedentes que sirven de base para futuras reglamentaciones municipales, como la que se tratará mañana en Luján.

En primera instancia habló de un fallo vinculado al barrio Urquiza, en la localidad santafesina de San Jorge. Allí, luego del reclamo y la lucha de los vecinos, se dictaminó llevar las fumigaciones terrestres a 800 metros de la zona urbana y a 1.500 las aéreas. La decisión tiene sentencia firme y no pudo ser contrarrestada por el gobierno socialista de Binner: “Hasta tanto no se demuestre la inocuidad de los productos el fallo sigue firme. Ni el Ministerio de Salud de la provincia ni la Universidad Nacional del Litoral pudieron demostrar eso. El principio precautorio invierte la carga de la prueba, son ellos los que tienen que demostrar que no están generando daños”.

Más recientemente, la Justicia emitió un fallo donde obliga al Municipio de General Pueyrredón a reglamentar una ordenanza que empuja las aplicaciones de veneno a 1.000 metros por vía terrestre. La intervención judicial fue el resultado del trabajo efectuado por entidades ambientalistas de Mar del Plata.

En cuanto a la norma que se discute en el Concejo Deliberante local, Lowy dijo que los 500 metros resultan insuficientes para garantizar la salud de los vecinos que conviven con campos de soja, y que además esa distancia “va a ser utilizada como antecedente por otros distritos para disminuir distancias”.

A modo de reflexión por el debate dado entre los concejales lujanenses el año pasado, Lowy volvió a criticar a los ediles por “haber aceptado como válido el asesoramiento de un profesional pagado por una corporación productiva”. El invitado se refirió a los “especialistas” traídos por la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Este (ARPAE), que encabeza Guillermo Andelique.

Dijo que si bien esos profesionales no tienen un criterio objetivo, “ese discurso equilibró las explicaciones de todos los que habíamos ido a charlar con los concejales, que asumieron que no podían tomar una decisión porque había opiniones compensadas. Eso lo hacen siempre porque es dura la pelea, estamos enfrentando a intereses monetarios concentrados”.

IMPUNES

Aunque existen normas municipales y fallos de la Justicia que ponen un freno a las fumigaciones, tanto quienes las permiten como aquellos que las implementan cuentan con una ventaja: “Si bien en algunos lugares se ha logrado correr las aplicaciones, lo que no se puede hacer es un juicio civil o penal porque no es fácil determinar la relación causa-efecto. Este sistema productivo genera delitos civiles y penales impunes. Los productores fumigan de esa manera porque creen que van a ganar plata, y están incentivados porque saben que lo peor que les pueden decir es que dejen de fumigar en tal lugar, pero nunca los pueden culpar de los daños. Este es el agregado que tiene”.

Vinculado a lo primero, Lowy marcó la ausencia de estudios epidemiológicos oficiales capaces de dar respuestas a los enfermos por contacto con agroquímicos. Sin embargo, “los informes de los médicos de pueblos fumigados dicen que los afectados son unas 12 millones de personas”, y que “como cada vez se echa más agroquímico, hay cada vez más residuos en los productos que nosotros compramos. Por eso estamos comiendo alimentos con mayor cantidad de pesticidas”.

Relatos de fumigados

Además de la exposición del ingeniero Claudio Lowy, en la charla realizada el viernes dos vecinos contaron sus vivencias vinculadas a las fumigaciones con agroquímicos.

Nicolás, domiciliado en Carlos Keen, relató que en marzo pasado su vivienda fue roceada por una avioneta. La aplicación indiscriminada e ilegal agudizó su cuadro asmático y lo mantuvo con una crisis respiratoria durante varios días.

“Realmente estuve muy mal, estuve sometido a administración de corticoides. Todo eso gracias al uso indebido y al abuso de agroquímicos. Esto lo denuncié, pero no hay un poder de policía suficiente para contrarrestar esta situación. Le pido a todos los presentes que realmente seamos responsables y tomemos conciencia de que se trata de la salud de todos, de la mía, de la de ustedes, nadie queda afuera”, explicó el vecino.

El otro testimonio fue acercado por Florencia, una vecina del barrio Loreto. La odisea de su hijita Agostina, de 8 años, comenzó en 2006, luego de fumigaciones realizadas en un campo sembrado con soja que se encuentra calle de por medio de la zona urbana. La nena comenzó a sufrir una grave enfermedad que dos veces la obligó a permanecer internada en la Clínica Güemes.

“Mi hija empezó con vómitos de sangre, deshidratación, decaimiento total, diarrea, inflamación de las articulaciones, dificultad urinaria, manchas en los miembros inferiores”, relató Florencia.

A la nena le diagnosticaron Purpura de Henoch-Schonhlein, una enfermedad incurable. Agostina también fue asistida en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Luego de una internación, dos años de viajes y medicación, los profesionales informaron que el padecimiento estaba vinculado a las fumigaciones que se realizaban en el barrio Loreto.

“Me dijeron que era una respuesta del sistema inmune hacia los herbicidas. Esta enfermedad ataca los riñones, así que desde esa fecha hasta hoy vivimos con análisis, mil estudios y tratamiento para no tener que llegar a un transplante de riñón. La enfermedad no tiene cura, sólo se puede convivir con ella. Quisiera que esto se termine para que no le pase a otros lo que me pasó a mí. La intendenta Rosso hizo oídos sordos a mi reclamo cuando vino a hacer campaña, siendo que ella sabe más que nadie sobre temas vinculados a salud”, concluyó la vecina.

Comunicado multisectorial contra las fumigaciones

Ante la dilación de una respuesta por parte del Concejo Deliberante sobre el tema de las fumigaciones con agroquímicos y su inminente tratamiento, un importante número de organizaciones presentaron un comunicado en el que exigen una ordenanza que atienda a diversas cuestiones.

Entre las organizaciones que se suman a esta solicitud se encuentran la Asamblea Ambiental, el Frente Daría Santillán (MTC-MIA), ALUCEC, Asociación Ecovida en el Oeste Bonaerense, el Partido Socialista, Proyecto Sur y la Comisión de Derechos Humanos de Luján.

En su comunicado, titulado “Cuidar nuestra salud, resguardar nuestro ambiente, promover la producción agroecológica”, recuerdan que la utilización de soja transgénica, que en Argentina superó los 16 millones de hectáreas en la última cosecha, trae aparejada la fumigación con agrotóxicos. “Como bien señala el informe del Primer Encuentro de Médicos Fumigados, la consecuencia de la utilización masiva de plaguicidas químicos (su consumo creció en 14 años casi un 1000 por ciento) ha sido una severa agresión a la salud humana en las poblaciones sometidas a las fumigaciones”, manifiestan. A manera de ejemplo, citan enfermedades de importante gravedad, como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas, cuya aparición ha aumentado de manera considerable en los últimos años en poblaciones cercanas a campos de soja fumigados con agroquímicos, al igual que los “trastornos respiratorios, endócrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos”.

Con una mirada más local, el comunicado recuerda que el partido de Luján no es ajeno a esta situación, sino que “año tras año se ha expandido la producción agroindustrial y transgénica, con el consiguiente incremento del uso de agroquímicos”. En ese sentido, mencionan: “La falta de una legislación ha generado que en la actualidad exista una fumigación sin control sobre el casco urbano, las escuelas rurales y las casas de muchos vecinos cuya propiedad linda con un campo”.

El comunicado continúa con la certeza de que, luego de un año de espera, finalmente mañana se tratará en el Concejo un proyecto destinado a la regulación del uso de agroquímicos en este partido, algo logrado gracias “al reclamo vecinal”.

“Vemos prioritario que la ordenanza sancionada establezca como principio esencial la salud de todos los vecinos que habitamos en este distrito, como así también el resguardo del medio ambiente sobre los intereses económicos y comerciales de las grandes empresas multinacionales impulsoras de este modelo”, menciona el documento. Por otro lado, los firmantes expresan su preocupación ante las modificaciones que ha recibido el proyecto y, especialmente, ante los dichos de algunos ediles “relativizando el impacto de los plaguicidas”, factores que, aseguran, “constituyen una muestra de la fuerte presión que realizan las cámaras empresarias para que nada cambie”.

PROYECTO

Luego de presentar que cada vez es mayor la cantidad de estudios científicos que dan evidencia del impacto negativo que genera, tanto a la salud humana, como al medio ambiente, la utilización indiscriminada de agroquímicos, en el comunicado se exige “una ordenanza que defienda el interés público” y que dé cuenta de determinadas cuestiones.

En primer lugar, plantean “la prohibición total de la fumigación aérea de agroquímicos en el partido de Luján” y también que no se utilicen estos plaguicidas en áreas urbanas. “Considerando como punto de partida la distancia mínima de 800 metros del perímetro de las áreas urbanizadas para la aplicación terrestre de estos productos, señalamos que nuestra perspectiva es llevar esa distancia a los 2000 metros”. A modo de ejemplo, recuerdan que municipios como Cañuelas y Mar del Plata han reglamentado estas medidas.

Por otro lado, solicitan “la aplicación de productos agroquímicos y/o plaguicidas con equipos terrestres que contengan pastillas anti-deriva a partir de los 200 metros de los establecimientos escolares que se hallan en zona rural y fuera de horario escolar”, y que se tengan en cuenta estas condiciones de fumigación, pero a 100 metros de los cursos y cuerpos de agua.