Luna fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por la Cámara Criminal Primera de Roca el 7 de marzo de 2013, por el delito de "robo calificado”.

El hecho ocurrió en abril de 2012 en la zona rural de la localidad de Chichinales, donde sustrajo un teléfono celular a una mujer utilizando un cuchillo para amenazarla. Tras su detención, efectivizada el 25 de abril de 2012, fue alojado en el Penal N° 2 de Roca.

El 25 de noviembre de 2014 quedó en condiciones de acceder al mencionado beneficio, el cuál Chirinos otorgó mediante sentencia del 17 de diciembre de 2014.

El juez autorizó una salida mensual de 24 horas bajo tutela de la pareja de Luna, quien designó su vivienda particular en Roca como domicilio de referencia.

Le impuso como condiciones: no salir de la ciudad, pernoctar en el domicilio verificado y circular siempre en compañía de su tutora, entre otras pautas de rigor como abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes.

Al momento de otorgar el beneficio que establece la Ley 24.660, el juez valoró que: Luna había cumplido más de la mitad de la condena, no tenía otras causas abiertas en las que interesara su detención y no registraba otros antecedentes penales.

En la cárcel, Luna Alcanzó calificaciones de 9 en conducta y 7 en concepto en el Penal N° 2 y obtuvo un informe favorable del psicólogo y el licecnciado en servicio social del Gabinete Técnico Criminológico del Penal.

Antes de dictar su sentencia, Chirinos además solicitó una ampliación del informe psicológico al Penal, del cual surge que con su trabajo intramuros el interno "ha demostrado ser merecedor de la confianza en él depositada”.

En ese informe constan también consideraciones sobre historia personal de Luna, se menciona "cierta alteración de sus funciones cognitivas superiores” -derivada de un accidente en la niñez- y se sostiene que "estimular y fortalecer sus redes sociales se considera necesario y fundamental”.

La primera salida de Luna se materializó el 19 de diciembre de 2014. El día 20 el interno no regresó y de inmediato el Servicio Penitenciario emitió una circular a la Policía de Río Negro "para su individualización y detención”.

El 22 de diciembre la situación fue notificada al Juzgado de Ejecución y para el 23 de diciembre la orden de captura ya había sido librada mediante oficio a la Jefatura de Policía de Río Negro, al Registro Nacional de Reincidencias, a la Secretaría Electoral y a Migraciones.

Chirinos tuvo una polémica actuación como abogado de la Asociación Médica durante la investigación por el asesinato de Felipe Glassman, ocurrido el 28 de agosto de 2002.