Así lo informó el presidente de la comisión, el peronista Daniel Baum, después de una larga reunión de catarsis política, que incluyó referencias a la alta inflación, a la “discrecionalidad” del Ejecutivo para reasignar partidas; y diferencias con lo que efectivamente recauda el gobierno por año.

Veamos las posiciones más importantes, que prefiguran el debate en el recinto y las eventuales modificaciones que se podrán hacer al presupuesto enviado por el Ejecutivo, la Justicia y el mismo parlamento provincial.

Pablo Todero (PJ): dijo que presentará un despacho en minoría que prevé entre 600 y 800 millones más de lo pautado, fondos que deberán ser invertidos en obra pública y no destinados a gastos corrientes. El justicialismo también pretende eliminar la emisión de letras a mediano o largo plazo. Aseguró que según su análisis, en el primer trimestre ingresaron 167 millones más que lo pautado; un 12% más por coparticipación federal y un 17,5% extra en concepto de recaudación propia. Dijo que se debe contemplar que marzo es un mes de baja recaudación pero que en abril ingresan más fondos por el vencimiento del impuesto inmobiliario. Respecto al déficit de 850 millones, dijo que de darse la autorización de Nación para emitir los TICAFO, el mismo desaparecería y que desde la Legislatura se tendría que autorizar la reestructuración de partidas para las obras que están incluidas en la ley y duplicadas en el presupuesto.

Daniel Baum (UP): Baum sostuvo que la inflación también produce un incremento en el porcentaje de recursos que ingresan a la provincia, e informó que fuentes del ministerio de Hacienda le confirmaron que en el primer trimestre la recaudación subió un 1,5% respecto a la estipulada en el proyecto. Al mismo tiempo, advirtió que en términos de coparticipación ingresan menos recursos.

José Russo (MPN): Defendió los artículos que otorgan autonomía al Ejecutivo para realizar cambios en las partidas sin autorización de la Legislatura. Remarcó la necesidad de tener en cuenta el alto índice de inflación que presenta el país, situación que –afirmó- impacta de manera considerable en el costo de la obra pública, la compra de medicamentos e insumos varios. Sobre este punto, argumentó que no puede el Ejecutivo solicitar autorización en forma continua si los costos cambian cada dos semanas o un mes. Al respecto, recordó que el mismo gobierno nacional dejó de aplicar la Ley de Responsabilidad Fiscal al no poder fijar porcentajes claros para su aplicación. También observó que cerca del 80% de los recursos que prevé el presupuesto se destinan al pago de salarios. Enfatizó que la prioridad del gobierno son los salarios y que el Estado al hacerlo, hace posible la redistribución de la riqueza y de los recursos que obtiene la provincia.

Ricardo Rojas (MID): Defendió la delegación de facultades al entender que en un país con un 25% de inflación “es muy difícil pedirle a un gobierno que no reasigne partidas, no otorgue aumentos salarios, o no se endeude”.

Raúl Dobrusín (UNE-FPN), Beatriz Kreitman (CC-ARI) y Alejandro Vidal (UCR): se pronunciaron en contra de los artículos que delegan funciones y facultades del Poder Legislativo. Kreitman calificó de inconstitucional la autorización al permitir que el Ejecutivo “haga lo que quiera” con los fondos presupuestados. Dobrusín criticó la falta de control que posibilita la cancelación de letras por fuera del período establecido por la Ley 2141, de Administración Financiera. Vidal pidió más transparencia en la utilización de los recursos públicos.