Es la tercera empresa española expropiada en menos de un año y una más de la veintena de firmas nacionalizadas desde que el presidente Evo Morales comenzara con su política de “recuperación de las empresas estratégicas”, en mayo de 2006, a sólo cinco meses de asumir el mando. En mayo de 2012, Bolivia nacionalizó la Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica, y en diciembre las cuatro filiales de Iberdrola.

La firma expropiada gestionaba los tres aeropuertos más grandes de Bolivia desde 1997: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Perteneció a la estadounidense Airport Group International hasta 1999, cuando pasó a manos de la británica TBI, que en 2004 fue adquirida por la firma española Abertis (90% del capital) y Agencia Española de Navegación Aérea (Aena, 10% restante).

En ambos casos el gobierno español demandó una justa compensación, pero ayer subió el tono en el reclamo, calificando esta nueva expropiación de las acciones de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) c omo un “acto inamistoso” y advirtió con “replantear el conjunto de las relaciones bilaterales” con La Paz, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.

El principal argumento de la medida, justificó Morales, fue la falta de inversión en las terminales aéreas, lo que ya fue denunciado públicamente hace un mes por su ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez.

Producto del plan de inversiones 2006-2011, el gobierno calculó una ejecución de 26.9 millones de dólares, pero sólo se invirtieron 5,8 millones de dólares. Morales destacó que entre 1997 a 2011 las utilidades de la empresa, hoy nacionalizada, ascendieron a 20.6 millones de dólares, “cifra que representa el 2.164% respecto al capital pagado”, lo que calificó de una “ganancia exorbitante para un capital irrisorio”.

Por su parte Abertis, propietaria del 90% de la compañía expropiada, negó las acusaciones de falta de inversión lanzadas por el presidente Morales, denunció incumplimientos por parte de su gobierno y afirmó esperar “una compensación adecuada”. “España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado?, dice el texto difundido por la cancillería española. La ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila, dijo que la empresa española recibirá una “justa compensación”, ya que no es intención del gobierno “esquilmar” a las compañías que invirtieron en el país. El gobierno se hará cargo de volcar los fondos que se requieren para mejorar los servicios y aplicará un programa de inversión de “56 millones de dólares” , dijo el ministerio de Transporte.