A pesar de las diferencias históricas entre los dos gremios, esta vez la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confluirán en una medida "firme, unificada y contundente" que haga rever al gobierno provincial su propuesta salarial de un aumento del 7 por ciento. La medida será un paro en la primera semana de marzo, cuya extensión (de 24, 48 o 72 horas) resolverán los trabajadores en sus plenarios de delegados el jueves próximo.

La medida promete dejar sin atención, entre muchos otros servicios, el Registro Civil, el Registro de la Propiedad, los hospitales, los comedores escolares, la API (Administración Provincial de Impuestos), los centros de atención familiar y hasta la Lotería. Una huelga calificada de un "impacto tremendo" por los gremialistas.

Como si esto fuera poco, los docentes se encaminan hacia el no inicio de las clases y hoy marchan en Rosario para dejar en evidencia su descontento (ver página 4).

En algo coincidieron ayer los secretarios generales de ATE, Jorge Hoffman, y UPCN, Alberto Maguid: quieren una "demostración de fuerza" de los 35 mil empleados públicos que "paralice al Estado provincial".

Hay objetivos que los dirigentes parecen compartir y otros que no. Uno en común, esta vez, es apurar lo máximo posible la reacción del gobierno y encontrar otra respuesta a la demanda salarial que la paritaria de anteayer dejó al rojo vivo tras ofrecerles apenas un 7 por ciento de aumento, cuando pedían al menos un 20.

Ni Hoffman ni Maguid imaginan un escenario de paros extendidos en el tiempo porque, dicen, siempre corren el riesgo de desgastar y hasta de desgranar a los trabajadores.

En el caso del titular de ATE, además, jugarse por una "medida contundente" podría hasta "facilitar el encuentro de caminos de acuerdo con el gobierno", sin correr el riesgo de "anarquizarse en un conflicto prolongado".

En Hoffman se huele un intento por preservar el diálogo con la gestión de Hermes Binner, cuyo proyecto de reforma tributaria —trabado por los legisladores justicialistas— apoyó el gremio explícitamente.

En ese marco se entiende que el dirigente escuche las limitaciones presupuestarias de la administración socialista con otros oídos que, por ejemplo, los de Maguid, y afirme no estar "en situación de ruptura con el gobierno, sino de demanda concreta, firme y contundente".

Maguid, en cambio, opta por desentenderse de cómo argumenta la gestión Binner el 7%. "No sé qué efecto tendrá un paro sobre el gobierno, que es dueño de mantenerse en silencio o de responder de otro modo que no sea solamente ofrecer 70 u 80 pesos para los que menos ganan", dijo.

Como sea, ambos coinciden en la táctica para lograr torcer la negociación, hoy a cero por la magra oferta de incremento: un paro unificado.

Para decretarlo, ATE ya está realizando "asambleas en toda la provincia" para llegar el jueves próximo a un plenario de delegados que resolverá formalmente lo que ya parece un hecho: una medida de fuerza para la primera semana de marzo, que "probablemente coincida con los gremios en paritaria", adelantó Hoffman.

Maguid fue mucho más allá y anunció en forma tajante que (aunque también deberán resolverlo asambleas en los lugares de trabajo y un plenario de delegados el jueves) "habrá un paro en conjunto con ATE".

24, 48 o 72 horas. Su duración — 24, 48 o 72 horas, no por tiempo indefinido—, su "progresividad" y cuándo caerá la medida lo resolverá el plenario, pero Maguid anticipó que será sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que dejará desiertas todas las oficinas públicas.

El dirigente y ex diputado provincial recordó que en la administración estatal santafesina se desempeñan unos 35 mil trabajadores.

El rechazo "unánime y tajante" del 7 % propuesto también surgió de la reunión de comisión directiva ampliada que hizo ayer Amsafé. El martes será la asamblea local y se votará hasta el viernes, cuando la provincial formalizará seguramente que las clases en Santa Fe no comienzan.