Los principales gremios estatales, como el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y el gremio docente (UEPC), expresaron una conformidad a medias respecto a la decisión unilateral del Gobierno de otorgar un monto no remunerativo de 400 pesos a los activos y de 250 pesos a los jubilados. El sector más disconforme con el aporte extra fue la Unión de Trabajadores de la Salud, que encabeza Carlos Altamirano, quien calificó de “vergüenza” el bono.

El titular del SEP consideró que la medida tiene un aspecto positivo y otro negativo. “El positivo –añadió– es que hay algo de dinero fresco. Pero el aspecto negativo es que habiendo reconocido el propio secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, que concluyen el año con holgura fiscal, no toquen los salarios para compensar la inflación”, indicó.

Pihen dijo que el aporte extra anunciado por el gobernador Juan Schiaretti “tiene algún tufillo a dádiva” y anticipó que el lunes, a las 10, realizarán un plenario provincial para considerar el pedido de pase a planta permanente de 5.500 contratados y los concursos. Dijo que de ese encuentro surgirá si se levanta el estado de alerta y movilización que había decretado el gremio.

Docentes. “Es una respuesta parcial” evaluó el titular de la UEPC, Juan Monserrat, sobre el aporte extra del Gobierno. “No estamos conformes porque lo que se pide para un proceso inflacionario que en alimentos y bebidas supera el 30 por ciento anual, es una corrección en los sueldos y esto no compensa la pérdida del poder adquisitivo”, señaló el gremialista.

Tras advertir que quedaron relegados cuatro o cinco puntos sobre el aumento de precios de alimentos y bebidas, el sindicalista dijo que hay que evaluar el resultado de las negociaciones entre el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT para atacar la inflación.

El gremio docente reclamaba un bono de 600 pesos para compensar el “desfasaje por inflación”.

Tanto el SEP como la UEPC obtuvieron un aumento anual promedio del 24 por ciento hasta el 31 de enero, fecha en que se reabrirá la discusión salarial.

Por su parte, Carlos Altamirano, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) calificó como una “vergüenza” el bono otorgado a los estatales. Dijo que entre el Gobierno y el SEP “se encargaron de dibujar las cifras para hacer creer que este año se llegaba hasta un 29 por ciento de aumento cuando en realidad la suba fue del 21 por ciento”.

“Es una afrenta al trabajador porque no se pueden estar dando dádivas sino un salario digno”, agregó. Dijo que en Santa Fe el incremento anual para el sector de la salud fue del 31 por ciento y todo en blanco.

Altamirano reveló que un médico con 10 años de antigüedad y 35 horas semanales percibe un sueldo de bolsillo de 3.500 pesos. Por otra parte, acusó al Gobierno de persecución al no permitirles realizar elecciones de delegados pese a que la UTS tiene inscripción gremial y personería jurídica.

En el gremio judicial no se pudo conocer la opinión sobre el bono del Gobierno ya que la titular Irina Santesteban se encuentra en Capital Federal. Pero, en la Policía Judicial el no remunerativo de 400 pesos fue considerado totalmente insuficiente y los empleados de esa dirección expresaron su desacuerdo, según indicó el delegado Pablo Olmedo.