El gobierno aseguró que en los próximos días llamarán a licitación para privatizar la empresa que estaba intervenida por el Estado. Consenso político para la reprivatización.
El ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, confirmó que se está terminando de elaborar el pliego de licitación para que la empresa regrese al ámbito privado y se encuentre en igualdad jurídica con respecto al resto de los grupos que tienen a su cargo el transporte público de pasajeros.
"La idea es regularizar el sistema de empresas del sector y que todas trabajen en igualdad de condiciones", sostuvo al mismo tiempo que garantizó la permanencia y la antigüedad de los más de 200 trabajadores de la empresa. El Trole y la línea T continuarán en manos del Estado mientras que la última terminará, en el futuro, siendo absorbida por el Trole.
Así, se estima que en las próximas semanas se publicará el llamado a licitación y que -90 días después- se estaría en condiciones de adjudicar. Después de eso, la empresa ganadora tendrá otros 90 días más para poner los colectivos en la calle. La línea que recorre todo Guaymallén necesita 110 unidades para funcionar y cumplir el servicio de manera adecuada.
En la actualidad, la Empresa Provincial de Transporte (EPTM) cuenta con 70 micros, no da abasto con las frecuencias y no está en condiciones de realizar inversiones. Una vez que se adjudique el servicio, los colectivos del grupo estatal permanecerán en la órbita del Estado.
Pérez concurrió a la Legislatura para mostrar los números de la empresa y los partidos dieron su acuerdo para la privatización. "Estábamos esperando que hubiera consenso político", admitió el ministro, que estuvo acompañado por el director de la EPTM, Héctor Salcedo, y por la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez.
La oposición dio el visto bueno para no prorrogar la intervención estatal del Grupo 2 -ex la línea 20 comandada por Emilio Corsino- debido a que -consideran- el Estado no está en condiciones de mantener la empresa en funcionamiento.
Alexander Maza (Confe), Roberto Infante (UCR) y Roberto Blanco (Unidad Popular) fueron algunos de los diputados presentes que manifestaron su acuerdo. El Ejecutivo, no obstante, no necesita del aval legislativo para instrumentar privatización.
"La inversión básica que deberá hacer el futuro adjudicatario es el costo de las 110 unidades", expresó Pérez quien admitió que existe cierta "urgencia" basada en la necesidad de los usuarios. En sus 24.315 kilómetros de recorrido diario, el grupo transporta a 1.200.000 personas por mes y es el que más pasajeros lleva en toda la provincia.
Eso, por no mencionar la intención de seguir sumando barrios a los recorridos. Los pasajeros vienen sufriendo la mala calidad del servicio (roturas, desinversión y escaso mantenimiento) desde hace un par de años.


Comentá la nota