Bajo el título “Crónicas del docente bonaerense”, la Agrupación para Trabajadores de la Educación (AGRUPATE) de Luján emitió un comunicado donde se denuncia las situaciones de precariedad laboral que caracterizan al sector, al menos en la provincia de Buenos Aires. “Nos damos cuenta que estamos atravesando un verano con mucha pobreza y repleto de ajustes. A partir de esto, se nos plantean varias inquietudes. ¿Qué están haciendo las autoridades del Consejo Escolar para subsanar la realidad de los trabajadores de la educación? ¿En dónde están los secretarios sindicales elegidos por la mayoría? ¿Qué medidas están tomando las autoridades locales con respecto a esta situación que viven cientos de docentes en la ciudad de Luján y en el resto de la provincia de Buenos Aires?”, se interrogan desde la organización creada a fines del año pasado. En el comunicado, AGRUPATE considera que “el gobierno nacional y provincial ha entrado en un período de ajuste que está llegando a los bolsillos de los trabajadores desde hace un largo tiempo, ya que siempre somos los que pagamos los platos rotos”. Como ejemplo de esas “medidas de ajuste”, se marca la decisión de la Provincia de descontar “de forma ilegal” los últimos días de paro a los docentes, quita que en algunos casos llegó a 1.200 pesos, según la cantidad de cargos u horas que trabaje el docente. Al respecto consideran que “esta reacción del gobierno provincial fue una pisoteada al derecho a huelga que ganamos en la lucha y en las calles como trabajadores hace un largo tiempo”. EN LUJÁN En términos locales, la agrupación entiende que la situación es más difícil que en el resto del territorio bonaerense, con docentes a los cuales se les adeuda el salario desde febrero pasado. “En pocos días algunos compañeros cumplen un año de esta situación y sin entrar en detalles seguro hay gente que está esperando desde hace más tiempo. Esta situación es inaceptable para cualquier trabajador, muchos viven pidiendo plata prestada, otros no tienen esa posibilidad. El Estado, las autoridades locales y sindicales deben hacerse cargo de la situación de estos trabajadores que aunque no perciben su salario a fin de mes, siguen concurriendo a dictar clases y comprando materiales didácticos con dinero que no tienen”, expresan. En ese marco, “si te enfermás o necesitás de la obra social (IOMA), que nos descuentan todos los meses en todos los cargos que tengamos, la mayoría de los médicos y farmacias la mantienen suspendida por falta de cobro, o sea, nos descuentan el dinero del recibo de sueldo, pero ese dinero nunca llega a los prestadores”. Como síntesis, desde AGRUPATE se dirigen a los gremios bonaerenses, al gobierno provincial y a las autoridades del Consejo Escolar local para exigirles el compromiso de trabajo en post de corregir las irregularidades marcadas. “El gobierno destina sumas de dinero para emprendimientos que ellos consideran importantes. El dinero destinado al tren, el dinero que día a día se destina a YPF, el dinero que se destina a seguridad, etc. Pero nosotros, como docentes, seguimos siendo el furgón de cola de varios negociados que se digitan fuera de nuestro ámbito laboral. Hoy en día somos presos de la política de turno, las presiones no terminan cuando el docente culmina con su horario laboral, son una continuidad que afecta nuestra cotidianidad y la de nuestras familias”, concluyen.