Si la situación de los cuatro imputados por las estafas cometidas en Departamento de Matriculación del Ministerio de Salud ya era complicada, con el avance de la auditoría, esta empeora cada vez más.

Es que en las últimas horas, las autoridades hallaron otros 95 recibos apócrifos que se sumaron a los 103 que ya habían sido secuestrados anteriormente. Ante esto, la fiscal especial Claudia Ríos citó nuevamente a los sopechosos y les amplió la imputación.

De esta forma, Selva Fabiana Nieto, Federico Bosch, Mabel Osorio y Etel Ivana Musri, fueron acusados también por los delitos de "falsificación de instrumento público en forma reiterada (197 hechos)" e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Esta acusación, se sumó a las de “asociación ilícita, falsificación de instrumento privado (por los sellos) y fraude a la administración pública", todo en concurso real y en forma reiterada (197 hechos).

Esta tarde, los cuatro sospechosos, se presentaron ante la magistrada en compañía de sus abogados y luego de escuchar el delito por el cual se los acusa, se abstuvieron de declarar.

Otro punto importante en la investigación es que mañana viernes vencerá el plazo para abonar la fianza de 50 mil pesos, para obtener la libertad. Es decir que si los sospechosos no cumplen con este requisito en las próximas horas, la Justicia ordenará su inmediata detención y seguirán el proceso en su contra, tras las rejas.

No obstante, en el caso de Musri, su abogada, Graciela Cola, le aseguró a SITIO ANDINO, que su defendida entregará un inmueble para solventar dicha fianza.

El primero de los delitos indilgados, "falsificación de instrumento público" está establecido en el artículo 292 del Código Penal y prevé una pena de 1 a 6 años.

En tanto que la segunda acusación, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" está tipificado en el artículo 249 del Código Penal y prevé una multa de 750 a 12.500 pesos, más la inhabilitación de 1 mes a 1 año.

Los cuatro imputados son investigados por las irregularidades que se cometían en el Departamento de Matriculación y Certificación del Ministerio de Salud, que tiene asiento en Casa de Gobierno.

Allí se cobraban sobrecargos para realizar la matricula de profesionales y empleados de esa cartera. Para ello se falsificaban recibos y se utilizaban sellos de otra sección (tesorería).

La denuncia la radicó días atrás el propio Ministerio de Salud y desató un escándalo que hasta tuvo consecuencias políticas por los cuestionamientos que hicieron los referentes de la oposición.

El caso es instruido por la fiscal especial Claudia Ríos, pero además la Justicia Federal investiga el hallazgo de varios documentos de identidad y si se cometió algún delito con ellos.