Las defensas de los diez detenidos y procesados en el marco de una investigación abierta por una millonaria estafa de la que fue víctima la obra social bonaerense IOMA comenzaron con las presentaciones de pedidos de excarcelaciones para lograr la libertad de los involucrados en el expediente que se tramita en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata.

En la lista de sospechosos se anotan Marcelo Piergiácomi, Subdirector a cargo de la Subdirección Técnico Científica y de Farmacia y Bioquímica del Ioma; Sergio Leonardo Massaccesi, Jefe del Departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica del Ioma; Guillermo Hernández Plata, Médico Oncólogo Auditor del Ioma; el visitador médico Gustavo Enrique Ricetti; el empresario Leonardo Daniel Paci, domiciliado en Tigre; las famacéuticas Marcela Alicia González y Andrea Fabiana Heintz; Luis Alberto Barreiro, Guillermo Ariel Heintz y Víctor Hugo Shama, domiciliado en Capital Federal.

Todos quedaron formalmente procesados por los delitos de asociación ilícita y fraudes reiterados en perjuicio de la administración pública, según la calificación legal que figura en la carátula de la investigación penal preparatoria. Se calcula que el monto total de la estafa oscila los dos millones de pesos, según los datos preliminares colectados, en los 73 casos investigados, aunque la cifra de fraudes podría aumentar, lo que implicaría una suba inmediata del monto de total de la estafa.

Tal como anticipó Diagonales, los sospechosos fueron detenidos este jueves 29 de agosto, tras una serie de allanamientos en La Plata, Capital federal, Tigre y otras localidades bonaerenses, procedimientos dispuestos por el juez de Garantías Federico Atencio, quien reemplaza momentáneamente en el proceso a su par César Melazo, magistrado natural de la causa.

Julio Beley, defensor de Ricetti, junto a los letrados Flavio Gliemmo y Brian Álvarez, quienes asisten al médico Hernández Plata (uno de los descubridores de la 'crotoxina' como terapia alternativa a la cura del cáncer), fueron los primeros en presentar las excarcelaciones. Como fundamento utilizaron que ante un caso de condena al mínimo de la pena, les corresponde el cumplimiento extramuros de la sentencia.

Delito. La maniobra consistía en la autorización de pedidos de drogas para pacientes oncológicos terminales y fallecidos que eran retirados de dos farmacias de La Plata con documentos falsos y que luego eran revendidos en otras farmacias de la provincia de Buenos Aires a un precio menor a su valor de mercado.

Según se lee en el expediente, una parte de los integrantes de “la banda” (tal como los calificó el fiscal en el pedido de detención) se encargaba de obtener las identidades de pacientes terminales, otros de falsificar recetas que se presentaban en las farmacias platenses Ravassi y Moyano (siempre según la teoría fiscal) donde otros sospechosos retiraban las drogas, gratis, que luego eran recolocadas en un mercado negro. Toda la maniobra se encubría, siempre según la investigación, desde la obra social por los sospechados Piergiácomi, Hernández Plata y Massaccesi.

En tanto la Fiscalía de Estado provincial se presentó como particular damnificado en la causa, mientras el fiscal comenzó con el análisis de los elementos secuestrados en los allanamientos ejecutados y no se descartan nuevas redadas en las próximas semanas, ya que en el expediente hay más personas mencionadas, pero su grado de presunta participación, aún está por determinarse.

La causa cuenta con decenas de escuchas telefónicas y cruces de llamadas entre los acusados que comprometen seriamente la situación procesal de casi todos los integrantes de esta presunta asociación ilícita.

Esta no es la primera causa abierta por estafas contra la obra social. En los antecedentes inmediatos se destaca una maniobra similar realizada con prótesis ortopédica. Años antes saltó a escena la facturación de falsas operaciones que encubrían intervenciones estéticas que están fuera de convenio de cobertura. Otro caso emblemático fue la autorización que benefició al ex fiscal de Estado Ricardo Szelagowski para un tratamiento odontológico con piezas de oro a costo cero.

En los casos que hubo condena, nadie fue tras las rejas. Una multa de dinero y trabajos sociales fueron las penas impuestas. Tampoco nunca fue llevado al banquillo de los acusados a algunos de los altos funcionarios de la obra social bonaerense. Nunca quedó claro si fue así porque no hubo pruebas suficientes o porque a los jueces les faltó decisión para avanzar.