El referente de la Coalición Cívica se refirió al estado de la causa y aclaró que el fiscal Garganta “ha citado a declaración indagatoria a 18 personas, por lo que habrá que esperar que se lleven a cabo, se diligencie alguna eventual prueba que soliciten y ya luego todo indicaría que en poco tiempo más la causa podría ser elevada a juicio oral”.

Luego de ser consultado por “el Retrato…” sobre qué vinculaciones hay en Mar del Plata de la causa, Castello expresó que “la investigación en principio está centrada en las defraudaciones de la sede central de IOMA, difiriéndose para un paso posterior el avance sobre las delegaciones en particular, aunque mucha de la documentación secuestrada en los allanamientos en la ciudad han servido para fundamentar el procesamiento mencionado”.

“Es interesante señalar que el ex Presidente de IOMA y principal imputado en la causa, Antonio La Scaleia, llevó como su mano derecha a quien fue titular de la Delegación local de IOMA entre 2005 y 2010, Bernardo Julio Rodríguez, a quien se lo sindicó como el generador del negocio”, sostuvo el diputado provincial a la vez que recordó que en la ciudad “tramitan ya causas por estos hechos, por lo que habrá que evaluar en su momento conexidades, superposiciones, etc”.

En tal sentido, el diputado provincial explicó que “la causa se inició con una denuncia de Elisa Carrió a raíz de varios hechos de corrupción ocurridos durante parte de la gestión del ex gobernador Daniel Scioli” y añadió que se presentaron en la misma como “amicus curiae” o “amigo del tribunal”.

En relación a esta figura jurídica, indicó que la misma les “permite participar en el expediente proponiendo pruebas, sugiriendo líneas de investigación, aportando argumentación, etcétera”.

En ese contexto, señaló que “en lo que podría llamarse el capítulo IOMA se ha investigado un colosal desfalco que se producía, muy a grandes rasgos, con dos “modus operandi”: concentrar ilícitamente la mayoría de las internaciones domiciliarias en cinco empresas allegadas al Presidente de IOMA y otros funcionarios de la entidad y pagar prestaciones inexistentes”.

“Para llevar a cabo dichas maniobras, por las cuales el fiscal acaba de procesar a dieciocho personas, se otorgó prioridad indebida a las prestaciones y pagos correspondientes a dichas empresas”, sostuvo el referente de la Coalición Cívica.

Y agregó que también “se afectó un grupo de personas de la entidad exclusivamente a la tramitación de expedientes de las mismas, se creó un área especial para el despacho de dichos expedientes, se dictaron resoluciones e incluso se aprobaron planillas tendientes a perfeccionar la maniobra descripta”.

Catello remarcó que “a tal punto llega la promiscuidad entre los ex funcionarios de IOMA y las empresas quese acreditó que en el exterior existe una sociedad offshore integrada por algunos de los directivos y algunos de los empresarios”.

Asimismo, aseguró que “para justificar el pago de prestaciones inexistentes no se dudó en falsificar la firma de numerosos afiliados, existiendo al menos 78 que declararon en la causa y que fueron tomados al azar, por lo que seguramente la cifra es mucho mayor”.

“No existe en todo el país legislación como la que estamos proponiendo”

Seguidamente, hizo hincapié en uno de los principales proyectos que encabeza y que tiene que ver con otorgar una recompensa económica a todo ciudadano que inicie un juicio que permita al Estado recuperar dinero o bienes sustraídos delictivamente o evitar que se produzca dicha sustracción.

“Probablemente sea el proyecto más novedoso de los que hemos presentado, ya que no existe en todo el país legislación como la que estamos proponiendo”, destacó Guillermo Castello.

En ese sentido, indicó: “La recompensa la fijamos en una escala entre el 15% y el 25% del monto recuperado o salvado y es crucial destacara que para tener derecho a la misma no alcanza con la mera denuncia”.

Y agregó que “el particular debe promover una acción judicial concreta, que es la que creamos en el proyecto, demandando al o los responsables, proponiendo y adjuntando prueba y asumiendo los riesgos económicos de una eventual derrota”.

Además, comentó que contemplan “una sanción pecuniaria para quien pleitee con malicia a fin de evitar una industria del juicio e incorporamos expresamente la posibilidad de que el particular litigue con reserva de identidad”

“Este mecanismo jurídico es infrecuente en el derecho latino pero común en el derecho anglosajón, al punto que Estados Unidos ha recuperado miles de millones de dólares en los últimos años gracias a esta alternativa”, concluyó el referente de Cambiemos en diálogo con “el Retrato…”