Según se desprende de una estadística elaborada por la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, durante todo 2014 y hasta abril de este año se realizaron 142 denuncias públicas por apremios o violencia institucional en todo el ámbito provincial. El recuento fue elaborado por una disposición del área del 1 de agosto del año pasado y tiene como objetivo que esta información trascienda año a año y se exponga públicamente cada 8 de mayo (día de la no violencia institucional). Al respecto, Ernesto Castrelos, refiriéndose a la morosidad en la resolución de casos, resaltó: "Nadie controla al Poder Judicial y esta herramienta puede servir para redirigir las políticas públicas que se implementen”. Los datos pronto tendrán su correlato, ya que ayer se enviaron petitorios a Fiscalía General, los juzgados de garantías y las Cámaras Penales para conocer los resultados de las denuncias señalas.

Dentro de los argumentos de la disposición y como representante del NOA ante el Consejo Federal de Derechos Humanos, Castrelos explicó que era necesario "erradicar acciones que afectan a la dignidad de los seres humanos por prácticas que impliquen violencia institucional. Y que, como es público y notorio, los procesos judiciales por el tiempo que llevan pueden generar una revictimización de los denunciantes por la tardanza en las condenas”, entre otras cosas.

"Estas estadísticas van a tener su correlato con la información que nos envíen desde Fiscalía sobre el tratamiento y la prioridad que le dieron mostrando cuántas fueron elevadas a juicio. Es que tenemos 142 causas, si solo se elevaron a juicio dos o tres significa que tenemos 140 casos impunes”, manifestó preocupado el funcionario. "Tengo entendido que es el jefe de fiscales el responsable de redireccionar las políticas públicas, de balancear las cargas y dar las órdenes a los fiscales para el tratamiento de las causas de violencia institucional o no”, resaltó.

En este mismo sentido, Castrelos manifestó: "Actualmente nadie controla al Poder Judicial y es por eso que dispusimos e hicimos un programa especial para cargar los datos para que estas estadísticas no dejen de hacerse luego de que yo ya no esté en funciones y sean ventiladas cada 8 de mayo, que es el Día Nacional de la No Violencia Institucional”, contó.

La elaboración de estas estadísticas, según aseguró el funcionario, serían las primeras creadas en el país, y ya fueron comunicadas a la Nación. "Fueron realizadas con el equipo de la Dirección en base a información periodística y cotejadas con un equipo de la UNCA para darle más cientificidad en cuanto a lo cualitativo de las mismas”, señaló al respecto.

NúmerosBásicamente los números cuentan la cantidad de denuncias registradas en cada comisaría del Valle Central y también de la base de la división de Investigaciones, Servicio Penitenciario y policía del interior de la provincia. Un dato relevante es que el mayor número de denuncias por vejaciones se refieren a "policías sin identificar”. "Esto no es contra la policía o la justicia. Es para destacar el trabajo que hacen cuando lo hacen bien y sancionar cuando lo hacen mal solamente, y así conocer cómo se está trabajando”, aclaró Castrelos, y agregó, por ejemplo, que la función de la División de Trata de Personas estaría trabajando "muy bien” con respecto a los Derechos Humanos sin necesidad de violentar a las personas.

Escuela de CadetesEl funcionario manifestó también su preocupación en cuanto a la base y estudios que se les da a los Cadetes de policías. En este sentido, sugirió que la Escuela pueda ser dirigida por un civil, ya que más allá de las materias de derechos humanos que se dicten, "por ahí los policías, esos que se sienten que son la Ley, pueden estar inculcando fuera de la currícula su manera de actuar”, dijo, y resaltó que "una forma de corregir es la sanción, no la formación, que ellos sepan que se los está vigilando”.Según explicó, la sugerencia la realizó en base a un estudio sobre la formación que se realiza en España a los miembros de las fuerzas de seguridad.También mencionó la posibilidad de que esta herramienta podría servir para señalar los ascensos de los miembros de la policía, ya que se sabrá cómo trabaja cada comisaría y en consecuencia cada jefe de la dependencia,   en cuanto al respeto por los derechos de las personas.Por último, señaló su preocupación ya que los daños a las víctimas deben ser reparados y esto representa un monto oneroso de dinero para el Estado.