Al respecto expreso que “son variadas las circunstancias que hacen fluctuar el valor de las cosas al alza o a la baja. Así por ejemplo, la escasez de bienes, debido a una mala cosecha, hace subir el justo precio. La abundancia, sin embargo, lo tendría que hacer descender. Igualmente la mayor necesidad que muchos consumidores tenemos de algún producto en especial, en determinado momento, hace que su precio aumente”.

Dijo que “también debemos considerar que la falta de dinero produce que el precio de los demás bienes descienda y que la abundancia de dinero hace que el precio se incremente. Cuando menor es la cantidad de dinero en un lugar, mas aumentan su valor; esto es como si los frutos o productos de la tierra abundasen en igual proporción en dos provincias distintas y una tuviera mayor cantidad de dinero que otra; esos productos se venderán a un menor precio en la provincia con menos cantidad de dinero”.

El otro punto que abordo el Ombudsman Provincial es que “se debe tener en cuenta, para que las cosas o productos o bienes de consumo tengan un justo precio, todo lo relativo al traslado de la mercancía de un lugar donde se produce y abunda, a otro en el que escasea o no se produce y lo que denominamos comercialmente flete es lo que determina, en la estructura de costo de los productos de consumo masivo, que aumenten los mismos ya que ello no es nunca absorbido por los comercios sino trasladado a los consumidores a través del precio en góndola”.

“Por esto, en la actual situación que se vive en nuestro país y a la cual no escapa Formosa, “

comprendemos que un precio tiene que garantizar en la comercialización una rentabilidad razonable para así poder seguir produciendo o invirtiendo. Ahora bien, cuando el precio es desmedido y tiene un valor sobre todo en los productos de consumo masivo que va mas allá de una rentabilidad razonable, se produce que el valor excede la posibilidad que puede pagar el consumidor a quien se le trasladan todos los costos como último eslabón de la cadena de comercialización y quien necesita para subsistir adquirir los mismos”, afirmo Gialluca.

Lo que sucede en nuestro País es que casi toda la producción, puntualmente de productos de almacén se encuentra en muy pocas manos y estas industrias o empresas son las reales formadoras de precios, imponiendo un abuso de posición dominante y va de suyo que no les interesa y nunca cumplen con la denominada Responsabilidad Social Empresarial. Estos empresarios nacionales o extranjeros son los que también indirectamente o directamente manejan gran parte de lo que es denominado “lo político” y para ellos siempre aparecerá la rentabilidad y la ganancia como prioritaria sin importarles a ninguno de ellos las condiciones estructurales de nuestra Comunidad y tampoco una mayor inclusión social de consumidores, ya que los mismos lamentablemente siempre han tenido márgenes de ganancias importantes en toda la historia de nuestro país.

Por ello, desde la Defensoría del Pueblo se plantea que “la política macroeconómica del Gobierno Nacional y el Provincial garanticen que crezca progresivamente la inclusión social y que la distribución de los bienes de consumo, como su acceso, sea hecho en la práctica en beneficio de todos, de manera tal que aquellos que administran los precios cesen; con las políticas públicas y las leyes vigentes en nuestras manos, de producir abusos y distorsiones inapropiadas que les producen ganancias exorbitantes y para ello es entonces necesario que Estado y Consumidores estemos todos juntos contra los verdaderos formadores de precios”.