La cifra exacta es de U$S2.216.000 dólares (unos $9 millones), producto de una “solución amistosa” a la que llegaron los abogados de las víctimas y el Gobierno de Jaque, y fue aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El argumento de la Corte es que en el sistema carcelario el Estado es el garante de la integridad física de quienes se encuentran bajo su guarda”, explicó la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, en rueda de prensa, a la vez que indicó que el estado mendocino se hará cargo en seis meses de la deuda contraída.

Carlos Quiroga Nanclares, subsecretario de Justicia, dijo que el monto será incluido en el Presupuesto del año próximo y que, en caso de que la Provincia no pague, comenzarán a correr los intereses por mora.

Se evita condena internacional

El Gobierno dijo ayer sentirse “satisfecho” con el acuerdo firmado con los familiares de las víctimas, que fuera aprobado luego por la Comisión Interamericana, porque “de esta manera se evita la condena internacional”, según sostuvieron.

Las muertes y la inseguridad en la cárcel de Boulogne Sur Mer fueron los temas que dominaron las políticas en materia penitenciaria durante la gestión de Cobos y producto de ello fue que se avanzó en aquél momento en la construcción de la cárcel de Campo Cacheuta, hoy conocida como penal Almafuerte, destinado a los presos de máxima peligrosidad.

La provincia y el país recibieron varias condenas de organizaciones de Derechos Humanos por la situación e incluso demandas ante organismos internacionales por estos temas.

El incendio fatal en la cárcel lavallina de Gustavo André

Entre los casos más recordados del largo listado de indemizaciones que ahora el Estado deberá pagar luego del acuerdo con la Corte figuran las seis muertes producidas en mayo de 2004 tras un incendio que se desató en la cárcel lavallina de Gustavo André.

Por estos casos, se acordó el pago de cifras que van entre los U$S80 y U$S100 mil aproximadamente, aunque uno de los peticionantes cobrará más de 170 mil dólares por el fallecimiento de su familiar.

Otro de las muertes carcelarias que ahora el Estado deberá afrontar es la de Sergio Salinas Ares, el recluso que fue asesinado en Boulogne Sur Mer y cuyo cuerpo fue descuartizado por los internos. Ese caso, ocurrido en diciembre de 2004, tuvo ribetes tenebrosos que salieron a la luz. Por ejemplo, que los asesinos terminaron jugando a la pelota con la cabeza de la víctima (ver aparte).

También hay algunos casos de reclusos que aparecieron ahorcados en sus celdas en circunstancias poco claras.

Uno de ellos es el de Ricardo David Videla, más conocido como el Perro, quien apareció muerto en junio de 2005 en la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer. Tanto la Corte como el tribunal arbitral consideraron que no fue suicidio.

Sus familiares recibirán U$S119 mil.