Los casi $ 26 millones que el Gobierno destinó para comprarle a Yacopini Inversora 87 vehículos marca Toyota destinados al Ministerio de Seguridad, constituyen un monto notablemente superior que el Estado debe pagar por el solo hecho de tener esa condición y no ser un cliente particular, ya que por diversas razones, el valor debería ser de unos $ 15 millones, lo que significa una diferencia del 70% entre el valor inicial y lo que termina desembolsando.

Pero si a esto se le agrega que el Gobierno lleva un año y dos meses tratando de comprar los 72 patrulleros, las diez camionetas 4x2 y las cinco 4x4, el castigo económico es mayor aún, ya que los precios han crecido notablemente.

Es cierto que buena parte de la suba se la lleva la adaptación de los móviles para ser vehículos policiales, como las rejas y los barrales metálicos, las sirenas y luces especiales y el ploteado o “cebrado” de los patrulleros, a lo que se suman “unos diez servicios de mantenimiento” que la empresa adjudicataria debe hacer al año. Pero sin dudas hay otros motivos que hacen que cada auto le cueste al Estado unos $ 100 mil más de lo que sale en el mercado; que cada 4x2 valga $ 225.180 adicionales y cada 4x4, $ 242.292 más.

Entre las razones aparece en primer lugar la inflación, reconocida por el propio Gobierno provincial como “del 30%”, aunque para los autos “el incremento fue del 36”, como señaló el coordinador del Gabinete de Francisco Pérez, Eduardo Bauzá.

Otra razón -más dolorosa aún para el erario público- es la de que ser “el Estado” implica un sobreprecio, ya que cuando un proveedor oferta sabe que si le adjudican la transacción, difícilmente cobre antes de 6 u 8 meses, por lo tanto busca esquivar la depreciación que pueda sufrir, principalmente por causas inflacionarias. “Es complicado para los proveedores vendernos y para el Estado comprar”, se resignó Bauzá.

Si se comparan los precios de los vehículos que aparecen en el catálogo de Toyota Argentina con los que finalmente Mendoza compró, se observan más diferencias. Los autos son modelo Etios XS, sedán cuatro puertas con detalles como aire acondicionado, levantavidrios eléctrico, apertura centralizada del baúl y motor 1.5, entre otros. Su valor de mercado es $ 123.500, aunque patentado y con gastos de flete incluidos, puede alcanzar $ 149 mil. La provincia abonará por cada uno, con el equipamiento especificado en el pliego de especificaciones técnicas, $ 248.201,97.

Las camionetas 4x2 serán Toyota Hilux DX, 2.5, también con AA, frenos ABS, airbags entre las especificaciones comunes. Su valor de catálogo es de $ 230 mil aunque puede llegar a más de $ 270 mil con el patentamiento y el flete. El Estado pagará por cada una, luego de que se le agreguen los requisitos para funcionar como policiales, más de $ 497.000.

En el caso de las 4x4, la compra se hará también de Hilux DX y su valor inicial en el mercado es de $ 303.800, alcanzando $ 321.000 con patente y flete. Mendoza terminará pagando casi $ 563.300.

“Hace más de un año que el Ministerio espera estos móviles”, dijo el ministro de Seguridad Leonardo Comperatore sobre esta compra y por la modalidad de contratación a través del Catálogo de Oferta Permanente que el Gobierno ahora promueve en lugar de las licitaciones públicas, tal como publicó Los Andes en su edición de ayer.

Efectivamente, los expedientes para esta compra fueron iniciados por el anterior ministro, Carlos Aranda, el 15 de enero de 2013. En marzo hizo pública su intención a través de una convocatoria en el Catálogo de Oferta Permanente, un proceso similar al de una licitación pública (puede accederse desde el sitio web de la Dirección de Compras y Suministros), presentando un pliego de condiciones de los productos que se buscaban para que los ofertantes hicieran sus propuestas.

“Sólo se presentó RDS, con vehículos Fiat”, informó Bauzá, agregando que los autos ofertados eran modelo Siena pero a un precio “excesivo de $ 280 mil cada uno”, razón por la cual la compra quedó desierta. El Ejecutivo esperó hasta setiembre de 2013 para acudir nuevamente al Catálogo de Oferta Permanente y hacer una nueva “licitación”, es decir procesos similares de convocatoria, publicación en el Boletín Oficial y en los medios. En esa oportunidad hubo dos oferentes, la sanjuanina American Cars, con autos Corsa a $ 220 mil y Yacopini Inversora, con Toyota Etio a $ 179 mil. Esta empresa hubiera ganado de no ser porque el Gobierno, a pesar de haber hecho la convocatoria, no tuvo plata. “No había disponibilidad presupuestaria y fracasó el proceso”, explicó Bauzá.

En enero, la devaluación del peso y el incremento impositivo que sufrieron los automóviles fueron complicaciones adicionales para las intenciones gubernamentales de comprar los vehículos. Recién el 19 de febrero se publicó el nuevo llamado a ofertar. “El 6 de marzo se abrió la 'licitación' y el único ofertante fue Yacopini con Toyota”, explicó Marcelo Rallo, director de Compras y Suministros.

“Los móviles policiales se precisan con urgencia” dijo días atrás el gobernador Francisco Pérez al justificar no sólo la compra sino también el sistema de Catálogo de Oferta Permanente “transparente” y de “pasos abreviados”.

Resulta paradójico que el sistema elegido por su agilidad haya requerido más de un año para concretar la compra, período en el que el Estado se vio perjudicado no sólo por la demora, sino por las subas de los costos, dado que ahora debe desembolsar más plata que la proyectada en un primer momento, porque si bien en marzo no hubo ofertas razonables, en setiembre su hubiera pagado casi $ 100 mil menos por cada auto. Y bastante menos por las camionetas.