Lo confirmó en La Mañana la presidente del Centro de Jubilados, María de las Mercedes Zambrano. Precisó que la Dpec, el Tesoro de la Provincia, y algunas municipalidades –entre ellas la de Capital-, no cumplen con los aportes y contribuciones previsionales. Tampoco a través del Instituto de Previsión Social se hace cumplir.
Todo comenzó con la visita del dirigente radical Raúl Itikin a los estudios de La Mañana. Quien arribó con la crítica hacia el gobierno provincial al mencionar que por una parte se argumenta que no hay recursos necesarios como para solventar las jubilaciones con los 10 mejores años de la carrera laboral, prevista en una cláusula de la iniciativa estancada en la Cámara de Diputados, pero por otro no aporta al Instituto de Previsión Social.
Para confirmar ese dato, la producción de la emisión radial matutina, que se emite por LT 7 AM 900, contactó a la presidente del Centro de Jubilados, María de las Mercedes Zambrano. Quien confirmó que el estado mismo no cumple y tampoco hace cumplir con los aportes y contribuciones previsionales, ya algunas municipalidades, como la Dirección Provincial de Energía de Corrientes y la Tesorería de la Provincia no destinan los fondos bajo ese concepto.
Itkin contribuyó con otro detalle: “hay parte de los salarios de los funcionarios y de los legisladores, donde no aportan a las cajas de previsión, y eso es un negro gris”. Consultada sobre ese punto, Zambrano también lo confirmó. Coincidió además en que ese es un factor que los jueces tienen en cuenta para revolver la presentación de los recursos de amparo.
“Sí, porque hay jurisprudencia de la Corte Suprema, donde se establece que debe pagarse el 82% en base a todo lo que se percibe” puntualizó María de las Mercedes Zambrano.
Para señalar seguidamente que esos puntos grises son los que “perjudican a la caja”, consecuencia que es el poder administrador el que tiene la potestad de hacer cumplir con los aportes, pero no sucede ello. “Mientras no lo blanquee, impide que lleguen esos fondos a la caja de previsión y el que tiene poder de decisiones que es el administrador” dijo Zambrano en alusión al IPS.
En tanto, para Itkin “eso demuestra la inmoralidad del Estado, porque es él mismo el que a un particular lo conmina, obliga o enjuicia si no aporta por su personal, pero también es él mismo quien no lo cumple”.
A lo que Zambrano se sumó con la expresión “y si no lo hacemos –a los aportes- el Estado nos demanda, pero no lo debería hacer porque como moroso no tiene la autoridad. Es ahí donde se llega a un punto clave: los entes intervenidos que son morosos con la caja –como Dpec-, el Estado no se puede demandar así mismo. Es más, si se normalizan, funcionando plenamente, la primera tarea tendría que ser demandar al Estado” resumió la presidente del Centro de Jubilados.
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