Para empezar, el Gobierno no le da trascendencia a la inflación como problema. Eso significa que no hay acciones en marcha para detenerla, sino lo contrario. Y aquí es donde se ve liberado el reflejo indexador.

El Ejecutivo está acostumbrado a resolver todo con más fondos, sin importar demasiado su provienen de un aumento de la presión impositiva o del BCRA.

Del mismo modo, espera que las empresas hagan frente a todas las demandas económicas, aunque al hacerlo deban sacrificar la rentabilidad que le da sentido a su actividad, las inversiones que sostienen el crecimiento o que le trasladen ese costo a sus clientes a través de los precios.

La única misión que acepta el Gobierno es la de proveer un mercado interno robusto que mueva la demanda agregada (concepto que la Presidenta remarca una y otra vez en sus discursos). Si tiene otras intenciones, hasta que no sean públicas o queden expresadas en un acto de gobierno, lo que vale es la despreocupación con la que mira el incremento de los costos en dólares que mes a mes acumulan las empresas.