Una de cal...

La decisión del responsable de la dirección de la Banda Sinfónica Provincial, Manuel “Muchi” Gerez, de sacar a la luz el penoso estado que en algunos aspectos atraviesa ese organismo público, forzó una rápida respuesta de la Subsecretaría de Cultura -aunque quizá no a la altura de lo esperado-, y sobre todo una visibilización de la problemática no solo por parte de funcionarios y amantes de la música, sino esencialmente entre los ciudadanos comunes que reconocen la labor de la Banda.

La tarea de ese grupo de músicos, en general ignorado por el Estado no solamente en este momento sino desde hace largos años, encuentra en el aplauso recogido en cada una de sus presentaciones el mejor ejemplo de gratitud para un desempeño que, por un lado, se ha visto jerarquizado con sus resultados musicales concretos y, por el otro, un premio al esfuerzo de sostener el amor a una profesión, incluso pese a los obstáculos que ha significado la desatención oficial respecto de sus asuntos.

Esa realidad superó las posibilidades humanas de “Muchi” Gerez, según contó él mismo, y eso lo decidió a dar un paso al costado del lugar que estaba ocupando sin haber sido designado de manera regular.

Entre las precariedades soportadas por la Banda y sus integrantes, se incluye no solo la inexistencia de una sala donde ensayar en condiciones básicas, sino también la falta de instrumentos elementales, que aparecen en los conciertos exclusivamente porque se utilizan los que tienen los propios músicos o porque los consiguen prestados.

A ello se suma un aspecto que parece mostrar el desprecio sistemático: la ausencia de una legislación que interprete a los integrantes de la Banda exactamente como lo que son, y no que los tenga en cuenta exclusivamente como empleados de la Ley 643: el planteo de esa lógica demanda no es novedoso, pese a que algunas consecuencias de ese modo de regulación pueden ser urgentes para los involucrados directos.

La situación pone en evidencia no solo la decisión del Ejecutivo de ningunear los pedidos -ya sea como resultado de la pereza, la negligencia, o la intencionalidad- sino también la incapacidad del poder Legislativo para gestar su propia agenda de temas, y esa responsabilidad incluye tanto a las facciones oficialistas como a las diversas ramas de la oposición.

Si en estos casos también actuara la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para poner bajo la lupa a quienes no toman las decisiones que corresponde, o no actúan como el cargo lo requiere, ¿cuántos funcionarios y cuántas gestiones habrían quedado en la picota?

Las declaraciones públicas de la subsecretaria de Cultura, Analía Cavallero, no resultaron precisamente afortunadas: por un lado, no supo dar respuestas concretas respecto de quién actuará como reemplazo en la dirección de la Banda, al tiempo que admitió demoras y retardos frente a algunas peticiones que asumió como reales, pero no alcanzó a comprometer alguna solución en tiempo y forma.

Finalmente, atribuir la inacción estatal -que genera enojos, desconciertos, pero últimamente más desazón que otra cosa- a la “mala suerte”, como adujo la funcionaria al aludir a los problemas de importación que supuestamente traban la adquisición de instrumentos, resulta más un argumento para presentar frente a un jardín de infantes que ante la opinión pública.

Los hechos ocurridos esta semana, los anuncios respecto de lo que vendrá, quizá pongan a los funcionarios de distintas áreas en la obligación de -ahora sí, en serio- buscar soluciones concretas y duraderas.

...y una de arena

La problemática que atraviesa la Banda Sinfónica no es el único ejemplo de una realidad que se extiende y multiplica: durante la semana que se fue, en distintos niveles y jurisdicciones estatales, quedaron en evidencia asuntos en los que el Estado queda en deuda con sus ciudadanos, ya sea porque prefiere no tenerlos en cuenta hasta que los conflictos no exploten en las tapas de los diarios, o por la escasa visión y voluntad política de quienes están a cargo de los organismos responsables de esas defecciones.

Un repaso -breve y arbitrario, pero al mismo tiempo ejemplificador- por algunos de esos episodios que, en una provincia y una ciudad de las dimensiones y complejidades que tienen La Pampa y Santa Rosa, bien podrían ser salvados a tiempo si hay atención por parte de los funcionarios.

1) Se difundió una nueva traba para la vigencia real del Boleto Estudiantil Gratuito, puesto que sus beneficiarios tendrán que presentarse en la sede de la empresa para cumplimentar un trámite burocrático que no estaba tenido en cuenta, y que tampoco se garantiza que vaya a concretarse con rapidez, puesto que es de suponer que al acudir masivamente a su concreción el personal dedicado a la tarea resultará insuficiente.

Se trata de una nueva situación en que la Municipalidad deja a los ciudadanos -en este caso usuarios- librados a su suerte y los obliga a gestionar asuntos ante la incapacidad de la firma Autobuses Santa Fe.

2) El Gobierno Provincial fue incapaz de otorgar una prórroga al plazo que les había concedido a las cooperativas para abonarle a la Administración Provincial de Energía, pero además los funcionarios tampoco aceptaron la propuesta -si se quiere “salomónica”- de que las entidades solidarias hagan un pago de alrededor del 70% de la deuda, para intentar salir del brete en que las instituciones quedaron a partir de que se vieron forzadas a formar parte del llamado Pacto Federal Eléctrico.

3) Los trabajadores estatales reaccionaron con lógica indignación porque sus teléfonos celulares, e incluso fijos de los domicilios, aparecieron en una guía que el Gobierno Provincial difundió con esmero y dedicación, asegurando que contribuiría a mejorar el servicio para los ciudadanos, sin reparar en el abuso sobre la intimidad de las personas y agregando confusión al incorporar en esos listados a trabajadores que ya no forman parte de la planta del Estado: el argumento de que se trató de “un error” no alcanza para justificar cómo fue que justo quedaron a salvo de ese “escrache” los funcionarios públicos, cuyos teléfonos nunca fueron difundidos.

Por otra parte, nunca se explicó en qué consistió “el error”: ¿la equivocación fue la decisión política, la implementación técnica, la difusión? Tampoco está claro quién o quiénes fueron los responsables y de qué modo se harán cargo del asunto.

4) En el colmo de la evidencia del estado por el que pasa la Salud Pública, especialmente en determinados puntos del interior de la provincia, el subsecretario de Salud, Carlos Delgado, tuvo que hacerse cargo de la guardia del hospital de 25 de Mayo porque su visita coincidió con la ausencia de profesionales: el funcionario anunció una severa mirada por parte de las juntas médicas y se quejó de que hay quienes “ponen palos en la rueda”, pero tampoco estaría mal reconocer que episodios similares podrían padecerse en algunos otros puntos de la provincia, puesto que la crisis que atraviesa el sistema ha sido advertida con insistencia no solo por la oposición política -de quien podría sospecharse una intencionalidad electoral-, sino por los propios actores de ese sistema.