Tucumán destina para el servicio de justicia un promedio de $ 385 anuales por habitante. Es decir, poco más de $1 diario. La cifra figura en el informe “Actividad y productividad 2012” del Poder Judicial, el último balance disponible. Tras varios años de mantenerse en estricta reserva, LA GACETA pudo acceder al documento completo que detalla no sólo las erogaciones, sino también aspectos como la cantidad de empleados o el rendimiento de cada uno de los tres centros judiciales de la provincia.

El promedio se obtiene dividiendo el estimativo de gastos de ese período ($ 571.062.000) entre la cantidad de ciudadanos determinada por el Censo 2010 (1.484.468).

El gasto para el Poder Judicial, encabezado entonces por Antonio Estofán, representó ese año el 3% del Presupuesto global de la provincia. Casi estuvo equiparado con el de la Legislatura -cuya estructura formal de funcionamiento y dependencias son mucho más pequeñas- que sumó $ 380 millones, es decir una participación de un 2,7%. El Poder Legislativo dispuso entonces de $ 256 por tucumano.

La brecha se acrecienta si se toma en cuenta lo que ocurre en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, en ese mismo año se presupuestaron $ 505 por vecino ($1.551 millones divididos en 3.066.801 cordobeses) y el gasto representó el 6 % del presupuesto provincial, según la página oficial del Gobierno cordobés.

Gastos de personal

El informe da cuenta de que el Centro Judicial de San Miguel de Tucumán debe cubrir la demanda del 76% de la población (1.132.000 habitantes). Le siguen muy por detrás los de Concepción (203.000 ciudadanos), con 14% y Monteros (148.000), con el 10% de los tucumanos.

Detalla que están en funcionamiento en la provincia 59 juzgados de primera instancia (43 en la capital, 15 en Concepción y 1 en Monteros). Abarcan los fueros Civil y Comercial Común, Familia y Sucesiones, Documentos y Locaciones, Conciliación y Trámite del Trabajo, Cobros y Apremios y Penal. Mientras que existen 31 salas u órganos colegiados (24 en Capital y siete en Concepción).

Por otro lado, el gasto en personal fue el más cuantioso, dado que representó el 96%. Luego se ubicaron los servicios no personales (2%), los bienes de consumo (1%) y los bienes de capital (1%). En el primer ítem, la partida destinada a los empleados insumió $548.465.000.

En porcentaje, las rentas generales se dividieron de la siguiente manera entre las oficinas: San Miguel de Tucumán (74%), Concepción (16%), Justicia de Paz (7%) y Monteros (3%).

Actividad de la Corte

La Corte Suprema de Justicia tuvo un 2012 prolífico. De acuerdo con los registros, el máximo tribunal dictó 1.441 acordadas y 31 circulares. Además, se efectuaron 13.583 actuaciones administrativas. El informe incluye un comparativo entre las causas ingresadas en 2000 y en 2012. “Se advierte un incremento del 14%. Es importante destacar que en referencia al período la composición de la Corte no ha variado, manteniendo un número de cinco vocales)”, precisó. En 2000, entraron 801 expedientes y en 2012, 912.

En este último año, las sentencias dictadas ascendieron a 1.207. La mayor cantidad correspondieron al fuero Contencioso Administrativo (309). Le siguieron las del Laboral (305), Civil (300), Penal (198) y las originarias (95).

Fuero penal

La reciente iniciativa del Gobierno de José Alperovich para ampliar las competencias del fuero penal provincial con la investigación de la venta de droga “al menudeo” y el rechazo de los fiscales del área puso la lupa sobre los tribunales penales.

Según la Justicia, que tuvo como vocero al actual presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, esas dependencias están colapsadas y los números de 2012 parecen darle la razón.

Durante ese período, sólo a las fiscalías de instrucción de la capital ingresaron 48.300 expedientes. Cada una de las 10 fiscalías, recibió, en promedio, unos 4.832. Es decir, nada menos que 460 por mes. “Las causas ingresadas aumentaron el 24% con respecto al 2011”, concluye el informe.